Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Industria busca que Alcoa reconsidere los despidos con el estatuto electrointensivo

El Gobierno relanza la tramitación de la norma - Si Alcoa cesa a los 534 operarios en Lugo deberá devolver 38 millones en ayudas

Una de las barricadas, ayer, en los accesos a la fábrica de Alcoa San Cibrao.

Una de las barricadas, ayer, en los accesos a la fábrica de Alcoa San Cibrao. // El Progreso

No han esperado ni 24 horas los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) para rodear con barricadas la planta en la que peligran 534 puestos de trabajo. El anuncio de que la aluminera iniciará en semanas un proceso de despido colectivo en esta factoría fue comunicado ayer por carta al personal. Mientras arrancan las movilizaciones en Cervo, desde Madrid, el Gobierno confía en convencer a la multinacional para que ceje en sus intenciones y preserve el empleo en la fábrica de aluminio. ¿Su arma? Reavivar el estatuto electrointensivo y tramitarlo a la mayor brevedad posible tras quedar congelado por el Covid-19.

El Gobierno espera recuperar la tramitación del estatuto electrointensivo "a la mayor brevedad posible", tal y como avanzó ayer la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. Pese a que la norma -dijo- estaba "muy avanzada", la llegada del Covid-19 al país interrumpió su tramitación en marzo. Tanto como Montero como la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, trabajan para que Alcoa reconsidere su decisión. El estatuto, considera el Gobierno, es "muy importante" para este tipo de industria. Maroto, más en concreto, reiteró a la aluminera estadounidense que tiene que mostrar "corresponsabilidad" con la comarca de A Mariña y le recordó que la inversión de 38 millones de euros en ayudas en los dos últimos venía condicionada por la preservación del empleo por lo que, en caso de no cumplir esta premisa, debería devolver esas cantidades.

El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, remitió ayer una carta a los trabajadores de la planta oficializando sus intenciones. "No es viable, debido a ineficiencias productivas que plantean una situación económica insostenible", explica en el documento en el que traslada a los operarios que "las circunstancias que afectan a la planta de aluminio de San Cibrao hacen que no sea competitiva y, como resultado, se deben tomar medidas urgentes". Precisamente en ese documento, la empresa alude a los "problemas estructurales" de la industria como "los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio continúen después de la crisis sanitaria", detalla el presidente.

Una veintena de trabajadores de la factoría de San Cibrao levantaron ayer desde primera hora barricadas mediante la quema de neumáticos en los accesos a la planta. El comité de empresa insiste en pedir "a todos los partidos políticos y agentes sociales" que apoyen la "intervención inmediata" de la factoría por parte del Estado, para evitar los despidos y el desmantelamiento del complejo.

Los trabajadores se reunieron para aprobar un calendario de movilizaciones, aunque tendrán que esperar a la semana que viene para reactivarlas, a causa de las restricciones del estado de alarma. Aún así, anuncian "sorpresas" en los próximos días. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, aseguró que la nacionalización de la planta de aluminio primario es "factible, es viable" y debería estar como "primera opción encima de la mesa".

Tras una primera jornada de reacciones políticas, ayer tomaron el testigo las formaciones sindicales. Desde CC OO alertan de que la multinacional estadounidense Alcoa seguirá desinvirtiendo en España, tras plantear el despido de los 534 trabajadores de San Cibrao (Lugo) y vender el pasado año sus plantas en A Coruña y Avilés: "No le vale ni aunque se le regale la electricidad", afirmó en el Congreso su secretario general, Agustín Martín.

La CIG, por su parte, pide la intervención de la planta lucense y ha instado al Gobierno a que apruebe ya una tarifa industrial para evitar los despidos. Entre otras medidas legislativas, la formación sindical sugiere recuperar con urgencia la autorización administrativa de los ERE, tal y como existía antes de al reforma laboral de 2012.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el Gobierno "estaba advertido desde hace mucho tiempo de que Alcoa no podía operar con los precios de energía eléctrica que tenemos en España". Feijóo se pronunció sobre el caso de San Cibrao del que, dijo, venía alertando de largo sin encontrar "la mínima intención del Gobierno central para que Alcoa siga funcionando".

Compartir el artículo

stats