El plan de recuperación que reclamaron España, Italia y Francia a la UE para reconstruir la economía europea tras la pandemia estará dotado con 750.000 millones, de los que España (segundo país más beneficiado tras Italia) podrá recibir hasta 140.000 millones, según la propuesta hecha pública ayer por la Comisión Europea y que ahora deberá ser negociada con el parlamento europeo y con los 27 gobiernos de la Unión. Los 750.000 millones anunciados ayer por la Comisión para el fondo de reconstrucción europea tras la desolación causada por el Covid entrañará, de ser finalmente aprobado por el parlamento y los 27 países miembros, un hecho sin precedentes en la historia de la UE.
El presupuesto no alcanza los dos billones que reclamó el parlamento ni los 1,5 billones que se pretendía en los países del Sur y en sectores de la Comisión, pero supera los 500.000 millones pactados el día 18 por Francia y Alemania. La propuesta del Ejecutivo comunitario supone una fórmula mixta de 500.000 millones a fondo perdido, y no reintegrables por ello por los gobiernos (lo mismo que el plan franco-alemán), y otros 250.000 millones (un tercio del total) como créditos. Las transferencias o subsidios se repartirán en virtud de la intensidad con la que cada país haya sido impactado por el Covid (España podrá recibir 77.324 millones) y los préstamos reembolsables, en función de la renta nacional bruta a condiciçon de que no se supere la media europea. España podrá solicitar 63.122 millones por este concepto.
La financiación de este fondo se hará con emisión de deuda comunitaria (un hecho sin precedentes salvo el del MEDE) a muy largo plazo (se plantea a un plazo de amortización a 30 años) y que se garantizaría con el presupuesto de la Unión. La Comisión trabaja en el diseño de tributos propios (impuesto sobre las emisiones de CO2, una tasa sobre el Mercado Interior, el impuesto transfronterizo al carbono y otros) para afrontar el pago de los intereses. Con este fondo, la UE movilizará un total de 1,29 billones contra el Covid, dado que ya están comprometidos préstamos del MEDE a los estados por 240.000 millones; otros 100.000 millones del fondo SURE para los ERTE y avales del BEI por 200.000 millones para empresas. Estas tres acciones (que entrarán en vigor el 1 de junio) carecen de condicionalidad salvo que deben destinarse a los fines previstos. Para el fondo de reconstrucción (que se pretende que esté listo para enero) la Comisión pretende una condicionalidad relajada: que se asuman reformas en la estructura económica y observancia de la disciplina fiscal europea, pero, a diferencia de los rescates de países de la última crisis, no habrá una vigilancia reforzada con los "hombres de negro" que estuvieron en Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre.
La condicionalidad es una concesión a los países más exigentes del Norte (Países Bajos. Austria, Suecia y Dinamarca) para que asuman el plan, una vez que Alemania ya anunció su apoyo. Aun así, los cuatro países "frugales" son el principal obstáculo para que el plan prospere: rechazan las ayudas a fondo perdido y exigen más contrapartidas.
A su vez, y de acuerdo con el escenario presupuestario mucho más ambicioso que plantea Bruselas para el periodo 2021-2027 (1,85 billones), la Comisión Europea anunció su disposición a quintuplicar su aportación al fondo de transición energética justa para compensar a las regiones pudieran sufrir por la descarbonización de la economía. El ejecutivo comunitario pretende contribuir así con 40.000 millones (el 9 enero había anunciado 7.500 millones), lo que, sumado a los recursos que pondrán los gobiernos con cargo a los fondos europeos que reciben los estados, más los créditos que concederá el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para iniciativas públicas y las aportaciones que se movilizarán del programa InvestEU (antiguo Plan Juncker) para proyectos privados, arrojaría un total de 150.000 millones frente a los 140.000 millones que se preveían hace cinco meses.
