Cerrar Nissan-Barcelona costará el triple que mantener abierta la planta con un nuevo proyecto. Es el argumento que defienden los gobiernos central y de la Generalitat de Cataluña, con el apoyo de la Zona Franca de Barcelona, para tratar de convencer a la multinacional nipona de que saque a la factoría española, especializada en vehículos industriales y camionetas eléctricas, de los recortes previstos dentro del plan de reestructuración mundial que Nissan piensa acometer este año para contener la hemorragia que ha causado el Covid-19 en las ventas de coches y mejorar su rentabilidad. Según Raúl Blanco, secretario de Industria y Pyme, bajar la persiana del complejo fabril costaría más de 1.000 millones de euros en indemnizaciones (laborales y por los terrenos que ocupa), mientras que mantener su actividad con nuevos productos, solo 300.

"Cerrar Barcelona no va resolver sus problemas globales, sino complicarlos (...). Tiene que tener claro que no le va salir más barato de los 1.000 millones", afirmó Blanco en un encuentro virtual con la prensa, dejando claro que el Gobierno no se lo pondrá fácil a Nissan si finalmente, y como todo parece indicar, acaba cerrando la factoría catalana. "Es más positivo y viable invertir que cerrar, cerrar le va a salir carísimo y no va a encontrar ninguna actitud positiva ni en la ciudad, ni en España ni en Europa", insistió.

Por el momento, la compañía japonesa no ha comunicado el cierre al Ejecutivo, según Blanco, quien recordó que las dos administraciones y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona llevan más de año y medio trabajando conjuntamente para garantizar el futuro de la factoría con la fabricación de un vehículo eléctrico pequeño. La planta catalana, que genera 3.000 empleos directos y 30.000 inducidos, no estaba inicialmente dentro de la competición por conseguir dicha plataforma, pero entró gracias al citado plan, según Blanco, que ha asegurado que el plan sigue vigente y es "más válido que cualquier otra opción" y que se están haciendo máximas gestiones a nivel nacional y europeo para que evitar el cierre de la única cadena de montaje en la Unión Europea de Nissan.

En su opinión, no tiene sentido que Nissan se marche de la Unión Europea para quedarse sólo en el Reino Unido y le ha advertido de "que es más barato invertir que marcharse". "La situación es muy difícil, a nadie se le escapa que no ha invertido en la planta en los últimos diez años", criticó Blanco. El secretario de Industria explicó que el plan de viabilidad presentado a Nissan implicaría una inversión de unos 300 millones de euros, de las que las administraciones aportarían el máximo posible dentro del marco legal europeo con ayudas a la financiación o incentivos a la innovación, la formación o la logística.

Por contra, cerrar le costará mínimo 1.000 millones sólo en costes laborales y contractuales por los terrenos, según Blanco, que señaló que a esa cantidad habría que añadir el coste que tendría para la imagen y reputación de la compañía o las acciones legales que pudieran decidir las distintas administraciones en temas ambientales o de devolución de ayudas recibidas por incumplimiento.