La crisis económica asociada a la pandemia del Covid-19 provocará este año "un rápido deterioro" de las cuentas de la Seguridad Social que llevará el déficit del sistema de pensionescerca de 30.000 millones de euros, según recoge un informe de investigadores de la Universidad de Valencia. Ese desfase expresa el impacto que tendrán sobre los ingresos de este año la caída de la actividad y del empleo, así como las exenciones de cotizaciones desplegadas por el Gobierno para auxiliar a empresas y autónomos.
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha asegurado últimamente en sede parlamentaria que no habrá recortes en las pensiones por el deterioro que se espera en las cuentas públicas del país (el Gobierno espera un déficit 10,3% del PIB, según ha comunicado a Bruselas). El sistema estará no obstante sometido a tensiones crecientes que requerirán, para evitar recortes, más transferencias del Estado a la Seguridad Social y más endeudamiento público.
Grupo de investigación
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El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección social que desde Valencia chequea trimestralmente las finanzas de la Seguridad Social utiliza para ello el llamado "déficit contributivo". Ese parámetro corresponde a la relación entre los ingresos en cotizaciones sociales y el gasto en pensiones contributivas, sin considerar por tanto el dinero que ya aporta la Administración procedente de los impuestos generales (principalmente para pagar el "complemento a mínimos" que reciben quienes tienen prestaciones más modestas) o el recurso a la deuda.
De acuerdo con esa metodología, el agujero de las pensiones durante los doce meses comprendidos entre abril de 2019 y marzo de 2020 (antes por tanto de que la crisis repercutiera en la caja de la Seguridad Social) fue de 21.169 millones, equivalentes al 1,71% del PIB nacional. Es una cantidad superior en más de 1.000 millones a la observada hace un año y su dimensión se acerca, por ejemplo, a casi la mitad de toda la riqueza que genera la economía gallega62.570 millones de euros en 2018, último dato oficial disponible.
Caída de la actividad
El informe recién divulgado señala: "En el futuro más próximo se espera un rápido deterioro el déficit de la Seguridad Social". Los autores citan a continuación dos efectos del Covid-19la caída de actividad, que ha hecho ya que el número de cotizantes medios en abril fuera inferior en casi un millón a los del pasado diciembre, y el drenaje de recursos que suponen las exenciones a empresas y autónomos dentro de las políticas de emergencia desplegadas desde marzo, entre ellas el uso masivo de los expedientes de regulación temporal de empleo, con exoneración completa de cotizaciones en los casos de fuerza mayor para las empresas de menos de 50 trabajadores. El propio Gobierno ha estimado para este año una caída de ingresos por cotizaciones superior a 9.000 millones, congruente con los cálculos de los economistas valencianos.
Al otro lado de las cuentas, el gasto en pensiones contributivas crece en España desde 2018 a tasas anuales de entre el 4,5% y el 5%, aceleradas en relación a los ejercicios precedentes tras retomarse la revalorización de las nóminas según el índice de precios al consumo (IPC) y abandonar la cuasicongelación aplicada entre 2014 y 2017 (subidas del 0,25%) que desencadenó las movilizaciones de los pensionistas.
Aumento del gasto
La presión del vigoroso aumento del gasto ha estado atemperada hasta ahora con aumentos muy notables (7,5% en 2019) de los ingresos por cotizaciones, tendencia truncada este año por el Covid-19. "De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual (...) se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos (en el entorno de los 30.000 millones) como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras (préstamos) y veremos si recortes de pensiones, algo descartado por el Ministerio de Seguridad Social", concluye el informe.
Siendo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y sus colaboradores en ese organismo elaboraron un informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en el que están las líneas maestras de las reformas que el propio Escrivá pensaba acometer desde el Gobierno. A medio y largo plazo, esa apuesta consiste en frenar las jubilaciones anticipadas, para acercar la edad efectiva del retiro a la edad legal, y en considerar toda la vida laboral para el cómputo de la pensión. A corto plazo, el ahora ministro defendió en la Airef y en distintos foros públicos una reordenación de gastos e ingresos para cerrar el déficit contable del sistema. La reforma supone, por ejemplo, que la Seguridad Social deje de soportar gastos como las bonificaciones para incentivar el empleo También, modificar la estructura de las cotizaciones sin subirlas. Empresas y trabajadores pagan cotizaciones para cubrir contingencias comunes (jubilación, enfermedad...) y para el desempleo. El criterio de Escriva era hasta ahora que en España el nivel de las cotizaciones por desempleo es alto comparado con otros países, hasta el punto de que suele generar superávit. El Ministro abogaba por reducir la parte de las cotizaciones dirigida a ese capítulo y elevar la que sufraga las pensiones. La escalada en el gasto en prestaciones de paro debido a la crisis resta ahora viabilidad a ese planteamiento.
