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Grandes firmas de moda de Galicia alertan: anulación de alquileres o "cierres masivos"

Adolfo Domínguez, Bimba y Lola, Carolina Herrera y otras cien cadenas se alían para lograr un cambio legal del Gobierno que frene las cláusulas de "grandes arrendadores"

Fachada y escaparate de una de las tiendas de Adolfo Domínguez en Vigo. // Alba Villar

A las conocidas marcas que llenan las principales arterias comerciales de cualquier ciudad les toca sufrir casi lo mismo que muchos inquilinos de viviendas desde que los fondos de inversión y las megainmobiliarias se hicieron con la mayoría de la tarta del mercado en España, aprovechando la necesidad de la banca de limpiarse definitivamente del lastre del ladrillo en sus balances y la delicada situación de otras compañías del sector tras la doble recesión. Como sucede en la hostelería, uno de los principales quebraderos de cabeza estos días en el retail a causa de las restricciones de aforo, menos clientes por tanto, y, a la vez, los mismos costes de explotación que antes del estallido de la pandemia -si recuperan la plantilla al completo- y los extra para instalar medidas de protección y reforzar la limpieza frente al coronavirus El contrato del alquiler está entre esos gastos fijos. "En la mayoría de los casos, los grandes arrendadores cuentan con cláusulas de indemnización y plazos de obligado cumplimiento que resultan imposibles de salvar en la actual situación de estado de alarma", se queja una alianza con más de un centenar de cadenas, sobre todo ligadas a la moda, que han iniciado una campaña para cambiar la ley de arrendamientos y "dejar sin efecto sus actuales contratos".

Sus nombres son de sobra conocidos. La plataforma está integrada por la mayoría de las cadenas de ropa, calzado, complementos y cosmética, entre otros productos, que operan en el país. La única excepción es Inditex con una factura en alquileres de alrededor de 2.500 millones de euros en todo el mundo. Sí figuran cuatro de los otros grupos textiles gallegos potentes: Adolfo Domínguez, Bimba y Lola Con ellos están las enseñas de Cortefiel (como Pedro del Hierro, Springfield o Women'secret), Mango, Calcedonia, Tezenis, Desigual, Décimas, Base, Mayoral, Scalpers, Yves Rocher, Pandora, Paco Martínez, Misako, Munich, New Balance, General Óptica o Phone House. Así hasta 103, que suman 9.572 locales y más de 60.300 empleados.

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Las empresas afectadas sostienen que la actual Ley de Arrendamientos Urbanos está "fundamentalmente ideada para el alquiler de viviendas" y que a ese mismo segmento se enfocaron las "innumerables reformas" desde su promulgación en 1964. Su propuesta apela a elaborar una norma diferente, pensada exclusivamente para el sector, "como marco jurídico actualizado en materia de explotación de suelo comercial". "Imprescindible", sostienen.

Los gigantes comerciales de España se ven pequeños frente a los Goliat del mercado inmobiliario español. En una comunicación remitida a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la alianza reivindica la condición de "empresas con estructuras organizativas", más allá de los "rótulos notorios de distintos sectores del comercio". "Todos ellos han mantenido sus estructuras desde el 14 de marzo -apuntan, con el dedo hacia la declaración del estado de alarma por el Covid-19- en un escenario vacío de ingresos y atenazados por contratos de arrendamiento que no han podido suspender ni extinguir".

Dadas las limitaciones en la vuelta paulatina a la normalidad, especialmente el veto todavía a levantar la verja en superficies de más de 400 metros cuadrados, las firmas recuerdan que "muchos" carecen todavía de "visibilidad" respecto a la vuelta a la actividad "y en qué condiciones". "Pero saben -continúan- que la nueva realidad significará también no poder soportar las condiciones de arrendamiento previas al 14 de marzo".

Los promotores de la reclamación consideran insuficiente la posibilidad de abrir una negociación entre ambas partes para fijar nuevas condiciones de los alquileres, "lo que ha impedido a las marcas alcanzar acuerdos que eviten el cierre de tiendas y, en algunos casos, de empresas". Quieren un paso más, tratar "en igualdad de condiciones" con los propietarios de sus establecimientos para evitar la aplicación de las cláusulas indemnizatorias por impago y evitar así "el cierre masivo de establecimientos comerciales".

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