El Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, ha cosechado una doble unanimidad entre los sectores afectados por la llamada desescalada. Primero, el de la bienvenida a un documento que abre la puerta al fin al progresivo descerrojazo de la economía; segundo, el del desconcierto por su "falta de concreción". La hoja de ruta del Ejecutivo marca un calendario orientativo por fases y ratios de reapertura que, a juicio de los representantes de asociaciones consultados, no disipa ni la inseguridad de la población ni la de las propias empresas. "El único dato más o menos cierto es que el estado de alarma se va a prolongar hasta el 24 de junio, en el mejor de los casos", apunta el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. En virtud de esta situación de emergencia el sector privado ha podido echar mano de las suspensiones de contrato por fuerza mayor, con cotizaciones y salarios (prestaciones) a cargo del sistema público. Y precisamente sobre la deshabilitación de estos ERTE es sobre lo que pesan buena parte de las dudas.
Los expedientes por fuerza mayor quedarán desactivados cuando finalice el estado de alarma, a menos que el Gobierno permita su extensión, como han deslizado desde el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a las ministras de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, respectivamente. "Vamos a poder atender un 30% del aforo en las terrazas, pero tendremos que sacar a todos los trabajadores del ERTE. ¿Vamos a tener cinco camareros para tres mesas?", se pregunta el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra (Feprohos), César Sánchez Ballesteros. "Te dicen que puedes abrir, pero va a estar prohibido el movimiento de personas entre provincias. No se entiende", apostilla. A este respecto, para la Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur) el plan tampoco es satisfactorio, y asegura que les ha dejado "muy desconcertados" ya que el reinicio de la actividad turística "no se puede contemplar" como un proceso gradual de apertura de servicios subsectoriales "sueltos e inconexos a su aire", sino como una cadena de valor "integrada y coherente".
Las empresas que se dedican a distribuir a bares y restaurantes reclaman por ejemplo que el aforo de las terrazas aumente del 30 % al 50% para que puedan ser viables. Para el director general de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración (Fedishoreca), José Manuel Fernández Echevarría, el plan de desescalada implica "una incertidumbre total" para el sector y muestra "un claro desconocimiento del terreno"
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Para la directora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), María Teresa Cancelo, las medidas propuestas "poco o nada van a solucionar la situación económica", sobre todo "en determinados sectores con mucho empleo". Para la académica está claro que habrá "muchísimos bares y comercios que no van a poder abrir" al presentarse "muchos problemas" en caso de que los ERTE no sean ampliados. Lo mismo sucede con el comercio, en fase de adaptación a las nuevas pautas de consumo mucho antes de la llegada de los efectos del coronavirus. "Queremos saber cómo debemos cobrar a los clientes, si podemos atender a alguien que viene por la puerta si no tiene cita previa... Necesitamos algo concreto y con claridad", expone el máximo responsable de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas. Defiende además que se retrasen las rebajas incluso hasta septiembre, al contrario que grandes cadenas textiles, que están ya planificando grandes descuentos para liberar stock. "Son necesarias, pero ahora no se cubrirían los gastos". En la otra cara de la moneda están los centros comerciales, que aprecian una "discriminación" con los puntos de venta minorista. Asegura el portavoz de la asociación que agrupa a estas grandes áreas, Eduardo Ceballos, que los centros y parques comerciales están "preparados para abrir en la fase 1". La actual hoja de ruta, lamenta, "generará un grave impacto en la recuperación y en el empleo de este sector esencial", que cuenta con 740.000 trabajadores directos en el conjunto del país.
La recomendación de Cancelo sobre los expedientes la recoge la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). En una nota enviada a los medios, reclama que se flexibilicen los ERTE para que las empresas los puedan "sincronizar" con la recuperación gradual de la actividad. Junto a ello, reclama liquidez para las personas afectadas, así como "claridad y concreción" en las medidas a tomar.
Javier Garrido: "Cuando conozcamos a alguien que haya pasado el test habrá tranquilidad"
La actividad en la construcción quedó principalmente restablecida cuando los sectores considerados no esenciales pudieron volver al tajo, después de Semana Santa. No toda la industria, eso sí, ya que las rehabilitaciones en edificios habitados continúan restringidas. "Si la excusa era que no fueran obreros por zonas comunes, no tiene sentido que sí pueda ir un repartidor de Amazon o de restaurante", aprecia el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido. En su opinión, la desescalada será efectiva en la medida en que se devuelva la tranquilidad a la población. "El índice claro -resume a este respecto- será cuando conozcamos a dos personas a las que les hayan hecho el test, eso despreocupará a mucha gente". Y, remata, aportará un "esperanza de reactivación a muchas empresas". Mientras tanto en Aproin valoran la agilización en los trámites de licitación de obra pública de Vigo, por ejemplo. En la ciudad olívica "hay una demanda embolsada evidente porque hace mucho que no se construye. Si la recuperación es rápida va a aflorar, hay que hacer producto para esa demanda". Javier Garrido es moderadamente optimista de cara al futuro: "A diferencia de otras crisis ha cogido al sistema con mucha liquidez".
César Sánchez-Ballesteros: "Puede provocar que un 30% o 40% del sector se vea abocado al cierre"
"Nos ha pillado mucho por sorpresa; la primera sensación fue quedarnos con la boca abierta". Así resume la patronal hostelera de Pontevedra las medidas de desescalada para la crisis sanitaria. El presidente de Feprohos y secretario del Clúster de Turismo, César Sánchez-Ballesteros, reconoce que "el enfado es mayúsculo dentro del sector" porque, a su juicio, "es una auténtica barbaridad". "Puede provocar que un 30 o 40 por ciento del sector se vea abocado al cierre", alerta.
Sánchez-Ballesteros avisa que pensar en aperturas de bares y cafeterías para la próxima semana "es algo serio" porque "no hay la más mínima norma sanitaria para la hostelería". "Por ejemplo, ¿hay que limpiar el baño cada vez que lo utilice un cliente? ¿Lo tienen que hacer ellos antes de salir? Nos asaltan un montón de dudas; hay que tener el personal formado y de momento no hay nada", lamenta. Con los hoteles, dice, "pasa lo mismo". "Te dicen que puedes abrir, pero va a estar prohibido el movimiento de personas entre provincias. No se entiende", sentencia.
El presidente de Feprohos espera a que el BOE se publique y "a que haya modificaciones" para que no se lleven a acabo estas iniciativas. Eso sí, anticipa "un período muy atípico y con mucha necesidad de trabajar con seguridad" durante las vacaciones.
José María Seijas: "Son unas medidas hechas con poco rigor; nos aportan poca claridad"
Incertidumbre. Es la palabra más repetida estos días por los comerciantes de la comunidad. Las medidas, según el presidente de la Federación Gallega de Comercio, tienen "poco rigor". Para José María Seijas la desescalada programada por el Gobierno no "aporta claridad" para el pequeño comercio. "Nosotros queremos saber que podemos abrir con seguridad, necesitamos saber dónde podemos conseguir pantallas de protección y otros EPIS, si nos lo van a proporcionar o no, cómo debemos cobrar a los clientes, si podemos atender a alguien que viene por la puerta si no tiene cita previa... Necesitamos algo concreto y con claridad", estima Seijas.
Con las fechas encima de la mesa, para la federación está claro que es necesario retrasar las rebajas. "Por lo menos hasta finales de agosto o primeros de septiembre. Son necesarias, pero ahora no se cubrirían los gastos", explica el presidente.
Seijas, que pese a las medidas cree que "un 20 o 30 por ciento del conjunto empresarial no podrá abrir", ve necesario una prolongación del período de los ERTE "para ir luego incorporando al personal". "No por abrir vamos a empezar a ingresar", concreta.
Ramón Alonso: "Dependemos de los demás sectores; falta mucho todavía para la normalidad"
Los transportistas fueron uno de esos sectores que siguieron trabajando durante toda la crisis. Su labor era esencial y, según el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo), Ramón Alonso, lo seguirá siendo. Eso sí, esperan que mejor. "Nuestro trabajo fue mejorando con el tiempo desde que comenzó la crisis sanitaria, pero sigue siendo difícil comer un plato caliente o encontrar un hostal abierto. Falta mucho todavía por llegar a la normalidad", explica.
Alonso reconoce no tener "mucha esperanza" en los planes esgrimidos por el Gobierno para la desescalada, pero asegura que "el transporte va a funcionar si las empresas funcionan". "El sector es un muy buen termómetro de la economía de un país, no podemos mover un camión vacío; dependemos de los demás sectores", indica.
El presidente de Asetranspo (y del grupo Dalot), muy crítico con las medidas de la Administración, cree que hubiera sido mejor "crear un gabinete de expertos" con los empresarios para legislar. "El futuro no se ve por desgracia; esperamos que llegue la normalidad y que todo vuelva a lo de antes", resume.
Jorge Cebreiros: "Se sigue legislando sobre la marcha, que aumenta la sensación de inseguridad"
"Los empresarios veníamos pidiendo al Gobierno hace semanas un plan de desescalada que nos permitiese aclarar como iba a ser este horizonte próximo de reactivación económica", recuerda el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. Y ya está sobre el papel, aunque no ha satisfecho sus expectativas. "En absoluto viene a resolver las grandes dudas que empresarios de diferentes sectores nos están trasladando". En primera instancia, en lo concerniente a los plazos de deshibernación de las distintas actividades y las fases de desescalada. "El único dato temporal más o menos cierto es que el estado de alarma se va a prolongar hasta el 24 de junio, en el mejor de los casos", aunque dependerá de la evolución de la pandemia. Cebreiros lamenta la falta de información respecto al nivel de propagación, aspecto que achaca a la no realización de tests masivos (que también reivindica la oposición, pero que desaconsejan algunos expertos y opción que ha deshechado el presidente galo, Emmanuel Macron).
En todo caso, para el máximo responsable de la patronal provincial la asencia de guías, escasez de medios de protección individual y medidas específicas de seguridad en algunos establecimientos "nos hace aumentar aún más si cabe nuestra sensación de inseguridad". "Se sigue legislando sobre la marcha", condena.Cebreiros recuerda la necesidad de adaptar los expedientes de suspensión de empleo a la evolución de las ventas, teniendo en cuenta que en la hostelería partirán de un aforo máximo del 30%. "Establecimientos como peluquerias u hostelería desconocen las normas sanitarias bajo las cuales podrán abrir y así evitar contagios de clientes o personal", agrega. El presidente de la CEP se pregunta asimismo si habrá que desinfectar los servicios cada vez que un cliente los utilice, ya que tampoco se ha regulado. "Los gastos fijos -zanja en referencia a alquileres, préstamos o impuestos- sí seguirán todos al 100%". La actividad, de momento, no.
Margarita González: "Habrá vendedores que dejarán el sector por culpa de esto"
Los comercios se vieron obligados a echar el cierre, pero no fueron los únicos vendedores que tuvieron que bajar la persiana. Los ambulantes, aquellos que se ubican en las ferias de las localidades para vender su género, también. La presidenta en funciones de la Asociación Gallega de Ambulantes y Autónomos, Margarita González, opina que su situación es más delicada que la del resto de los comerciantes. "El nuestro es uno de los sectores que peor lo pasa, junto con el turismo y el de las fiestas", opina.
González, que recuerda que llevan desde el 13 de marzo sin ingresar nada, estima que en su sector no podrán volver a trabajar hasta el 22 de junio. "Eso si las cosas siguen como van, porque si hay un repunte supongo que será aún más tarde", señala.
Los vendedores ambulantes viven casi al día y, como recuerda González, también tienen "hipotecas, impuestos o facturas", por lo que están llevando "muy mal" esta crisis. "Y con la prestación que tenemos los autónomos no vivimos; no da ni para media merienda", recuerda. Además, la presidenta en funciones apunta que "habrá vendedores que dejarán el sector por culpa de esto".
Eduardo Ceballos: "Hay una discriminación sin sentido respecto al resto del comercio"
La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) no está conforme con las medidas del Gobierno. Entienden que existe una "discriminación sin sentido respecto al comercio minorista" y, por ello, piden su inclusión en la Fase 1 del proceso de desescalada. "Todas las empresas del sector, comerciantes, gestores y propietarios, , ya están desarrollando y poniendo en práctica las medidas higiénico-sanitarias, de control de aforos y de distanciamiento social que requiere este momento y demostrando que los centros y parques comerciales están preparados para abrir en la Fase 1", señalan desde la AECC, presidida por Eduardo Ceballos.
A su juicio, los centro comerciales son los "mejor preparados" a la hora de poder implementar condiciones de seguridad e higiene, por lo que la AECC presume de poder crear "espacios seguros para estar y comprar".
La decisión, tal y como fue anunciada por el presidente del Gobierno, "generará un grave impacto en la recuperación y en el empleo de este sector esencial", que engloba a más de 36.000 comerciantes, autónomos y pequeños inversores, y que genera 740.000 puestos de trabajo solo directos.
