El Gobierno ha sellado los acuerdos de transición justa con Endesa, Naturgy e Iberdrola para el mantenimiento del empleo en las centrales de As Pontes y Meirama ante el cierre de las centrales térmicas de carbón.
A través de la Vicepresidencia Cuarta, que engloba el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se ha producido la firma telemática de las bases de los Convenios de Transición Justa, ha informado el Gobierno en un comunicado.
En el acuerdo, las empresas realizarán nuevas inversiones y se diseñará un plan de acompañamiento para generar nuevas oportunidades de negocio en el sector de energías renovables y otras líneas. Además, se trabajará en el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.
El documento fue rubricado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, además de por las empresas Endesa, Naturgy e Iberdrola y los titulares de las secretarías generales de CCOO Industria y UGT FICA.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha agradecido a las partes su trabajo para llegar a esta firma, que supone, según ha expresado "un nuevo paso para el mantenimiento de la actividad en dos centros de trabajo con mucho peso en Galicia". Losada ha detallado que las empresas firmantes se comprometen al desarrollo de planes de acompañamiento para las zonas afectadas, aprovechando las oportunidades asociadas a las diferentes líneas de negocio que se identifiquen para cada territorio.
El Ejecutivo se compromete así a trabajar en la búsqueda "proactiva" de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, con base en las características y las particularidades de la Comunidad.
Además, ofrecerá apoyos para la realización de los Convenios de Transición y el mantenimiento del empleo para los trabajadores afectados, a través de formación y planes de inserción
Según lo acordado por las partes, se creará una Comisión de Seguimiento que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes de la Administración General del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales.
Esta Comisión e reunirá cada seis meses de modo ordinario para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo, y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes.
