La disputa entre el Puerto y los encargados de tutelar la liquidación del astillero -Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador- surge de la inclusión de la concesión portuaria dentro de la venta de la unidad productiva, un planteamiento que la Autoridad Portuaria rechazó de pleno. Una vez que los administradores concursales dieron el pistoletazo de salida a la liquidación -entendía el organismo que preside Enrique López Veiga-, la concesión había quedado automáticamente suspendida. Y, en todo caso, no estaría sujeta a prórroga porque debía ser sacada a concurso. Vulcano ocupaba una concesión portuaria de 25.095 metros cuadrados, que expira en 2027, y una lámina de agua de otros 6.575 metros, renovada en este caso el pasado mes de julio. La Audiencia Provincial, en un fallo contra el que no cabe recurso, acaba de dar la razón a la tesis defendida por De Dios y Comendador, que contaban además con el respaldo de las centrales sindicales y de patronales como la metalúrgica Asime. No pone ningún pero a que se incorpore la concesión dentro del proceso de venta de la unidad productiva. Es más, entiende que se trata de un "elemento esencial afecto a la actividad" de construcción naval.
La sentencia, firmada por Francisco Javier Menéndez (ponente), Manuel Almenar y Jacinto José Pérez expone que "la transmisión de la unidad productiva [...] favorece el mantenimiento de la actividad industrial, empresarial, con la riqueza que ello conlleva para su entorno, conservando el tejido industrial y la actividad laboral con el beneficio social y económico que conlleva". Y aplica esta idea al caso particular de Factorías Vulcano: "como ha señalado la administración concursal, los elementos y la actividad de estos astilleros en la construcción de buques pierden valor sin la concesión administrativa sobre dominio público portuario, que debe entenderse como un elemento esencial afecto a la actividad". La Autoridad Portuaria continúa pendiente de un informe encargado al Consejo de Estado sobre la situación particular de esta concesión; este jueves no emitió ninguna valoración sobre el pronunciamiento de la Audiencia Provincial.
Ofertas
El sindicato CC OO dio la bienvenida al fallo, y emplazó a López Veiga a "dejar de torpedear" una solución de continuidad para los terrenos de Vulcano centrada en la industria naval, no logística. Su secretario xeral, Ramón Sarmiento, lamentó los "seis meses de retraso", pero se congratuló igualmente de que la vía defendida por su central "resurge". UGT y CIG también celebraron el fallo judicial, que "resta incertidumbre" al futuro de los terrenos. La de Vicalsa no fue la única oferta planteada por la unidad productiva del astillero. De hecho así consta en uno de los informes trimestrales emitidos al juzgado por la administración concursal. "Se han mantenido varias reuniones enseñando las instalaciones con diferentes inversores, habiéndose recibido de dos de ellos una carta manifestando su interés en presentar oferta por la unidad productiva". El grupo turco Tor, dueño del astillero Torgem en Estambul, planteó la misma operación; nunca trascendieron los detalles de su oferta.
Cuando la administración concursal entregó el plan de liquidación, la deuda de Vulcano acariciaba los 210 millones de euros, entre lo pendiente con los proveedores, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las nóminas que no se pagaron a los trabajadores (el astillero fue condenado en firme al pago de 25 millones por la quiebra de su exfilial Juliana, que nunca se abonaron). Entonces la oferta para quedarse con los terrenos e instalaciones partía de 7,75 millones de euros, equivalente al 65% de la valoración de los activos (casi 12 millones de euros).
