José Luis Escrivá es, en el buen sentido, un ministro previsible. Antes de llevar la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Gobierno de Pedro Sánchez, este economista manchego presidió, por encomienda de Mariano Rajoy, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo profesional creado bajo instrucciones de la UE durante la anterior crisis y que tiene como cometido velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Desde esa posición, Escrivá tuvo oportunidad de evaluar a fondo y con una perspectiva independiente asuntos como la situación del sistema de pensiones y también la creación de una "renta mínima" para combatir la pobreza en España, proyecto incluido en el programa de la coalición gubernamental PSOE-Unidas Podemos y que ha ganado velocidad con la crisis asociada al coronavirus.
| Qué es la renta mínima. El "mínimo vital" o "renta mínima" es, en realidad, una variante de ámbito nacional de los "salarios sociales" o "rentas de inserción" que, con distintos grados de generosidad y requisitos de acceso, existen en todas las autonomías: prestaciones generalmente concebidas para combatir la pobreza severa, la que en 2018 padecían entre el 6,9% y el 9,2% de la población española (tasas de las más altas de Europa), según la fuente estadística que se utilice entre las disponibles.
Siendo presidente de Airef, Escrivá dirigió un informe en el que se ponían de relieve las carencias y problemas de las rentas mínimas regionales: disparidad territorial, desconexión con la inserción laboral, efectividad limitada en la reducción de la desigualdad económica... En ese documento se sugería un modelo de renta estatal que para los hogares con menores ingresos suponía cobrar hasta el 80% del indicador IPREM (unos 430 euros al mes) más 120 euros por hijo. Y se añadían las siguientes singularidades: que la prestación fuera compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un umbral determinado (rasgo pensado para no desincentivar el trabajo), y que las comunidades pudieran complementarla con sus propios recursos si así lo decidieran. A la fecha del informe (2019), se estimaban 1,8 millones de beneficiarios, un gasto anual de 5.500 millones (3.500 de coste nuevo y 2.000 que ya pagan ahora las autonomías en salarios sociales) y potencial para reducir en más del 60% la pobreza severa.
| Qué no es la renta mínima. La prestación que Escrivá prevé tener lista "en semanas" (presumiblemente, en condiciones análogas a las sugeridas por la Airef) no es la llamada "renta básica universal" o "ingreso ciudadano", cuya creación se ha defendido principalmente desde la izquierda, aunque el economista Milton Friedman, icono del neoliberalismo, llegó a defender una versión propia. A diferencia del "mínimo vital" ahora en estudio, la "renta universal" sería para todo el mundo, sea pobre o rico, tendría un coste mucho mayor y se financiaría con un modelo tributario fuertemente progresivo.
¿Cómo se pagará el "mínimo vital"? ¿Es asumible el coste para España? El escenario es radicalmente distinto al de cuando Escrivá pilotaba la Airef. Entonces, con la economía hacia arriba, este organismo planteaba una introducción gradual de la prestación para preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Ahora, la infección del coronavirus está derrumbando el PIB, exacerbando el riesgo de una escalada de la pobreza si la crisis es duradera y también el déficit y la deuda públicos.
El momento excepcional quizá requiere una visión excepcional: ética y socialmente es defendible el gasto como rescate a los más vulnerables y, desde una perspectiva macroeconómica, además de como un elemento de presión sobre las cuentas públicas, la "renta mínima" puede actuar como un estímulo fiscal -todo el coste irá a consumo- que contribuya a la recuperación.
