El Gobierno quiso zanjar ayer la polémica suscitada por la guía difundida desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige la gallega Yolanda Díaz para el coronavirus. Desde la Moncloa informaron ayer que todas las indicaciones sobre la evolución de la enfermedad y las medidas a adoptar las emite el Ministerio de Sanidad.

La Secretaría de Estado de Comunicación decidió salir al paso del comunicado emitido el miércoles por la CEOE y Cepyme, en el que que consideraron un "grave error" por parte de Trabajo el difundir una guía de actuación en el ámbito laboral que, a su juicio, genera alerta y confusión al no corresponder con la evaluación del riesgo efectuada por Sanidad.

Moncloa subrayó que "todo el Gobierno" sigue las indicaciones concretas del Ministerio que dirige Salvador Illa, que se basan en un seguimiento constante de la situación, transparencia informativa, toma de decisiones de acuerdo a la evidencia científica y "coordinación total" entre las distintas Administraciones.

Díaz, por su parte, defendió la guía. "Es una transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente. Creo sinceramente que los interlocutores sociales saben que si fuera necesario adoptar medidas excepcionales obviamente serán negociadas con ellos", indicó.

En cambio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señaló que Trabajo cometió "algún error que se enmendará" y que la patronal está "para ayudar". En su opinión, la guía genera "alerta y confusión", por lo que agradeció la aclaración de la Moncloa.

Por otro lado, las críticas hacia la guía también arreciaron desde Galicia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, calificó ayer la guía como "oportunista" y criticó que no se tomen medidas "con aquellas empresas que tienen paralizada sus producciones por falta de importación de material" proveniente de China.

Tanto la CIG como UGT tacharon de "insuficiente" y "mejorable" el documento, que debería haber contado "con los agentes sociales" y en primera instancia garantizar "la seguridad de los trabajadores".