La Diputación Permanente del Parlamento de Galicia se reúne este viernes para abordar las peticiones de la oposición, que piden la comparecencia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para que explique su relación con los exdirectivos de la petrolera mexicana Pemex investigados por corrupción.
Así figura en el orden del día de la Diputación Permanente, que se convoca por primera vez desde la disolución de la Cámara gallega con motivo de las elecciones del próximo 5 de abril. A un mes de la cita, los grupos reclamarán que Feijóo acuda al Pazo do Hórreo para dar explicaciones sobre asuntos que, dice la oposición, vinculan al Gobierno con "casos de corrupción".
Sin embargo, el presidente de la Xunta ya explicitó que consideraba "ridículo" que la oposición exigiese una comparecencia sobre sus vínculos con Emilio Lozoya, detenido por corrupción a mediados de febrero en Málaga y que ocupó el cargo de director de Pemex durante la compra del astillero vigués Hijos de J. Barreras.
En septiembre de 2012, Pemex y la Xunta anunciaban la firma de los contratos para la construcción de dos floteles (uno en Barreras y otro en Navantia-Ferrol) y, algo más de un año después, a propuesta de Emilio Lozoya, el Consejo de Administración de PMI (filial de la petrolera mexicana) aprobó la compra del 51 por ciento de las acciones del astillero vigués por 5,1 millones de euros.
Esta compra, apadrinada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (en cuya agenda pública figuraron encuentros con Lozoya en 2013 y 2014), se escenificó en diciembre de 2013, en una visita de mandatarios de la empresa mexicana a Vigo. En esa visita, se anunciaron varios contratos más que nunca llegaron a hacerse realidad (un atunero, tres 'buques-tanque' y otras tres unidades que tampoco se concretaron).
Más tarde, la bajada del precio del petróleo y el cambio de gobierno en México, donde el presidente López Obrador anunció la revisión de contratos y una investigación sobre la "corrupción" en la petrolera, hicieron que el astillero vigués se convirtiera en un quebradero de cabeza para Pemex.
De hecho, la estatal azteca ha trasladado su intención de deshacerse de las acciones, y recuperar los 5,1 millones de euros, así como los 8 millones depositados en garantías.
