La Comisión Europea hizo público ayer su informe sobre la economía española en el que censura los planes del nuevo Gobierno de vincular de manera permanente la revalorización de las pensiones a la evolución del IPC, ya que para Bruselas esto compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. En el texto la CE también subraya que estas iniciativas favorecerían a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones de no aplicar sin medidas compensatorias. Del mismo modo, critica la todavía "muy elevada" deuda pública española, que prevé que cierre en el 2021 en un nivel equivalente al 96% del PIB.
En concreto, Bruselas alerta de las consecuencias que podrían tener los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de ligar de manera permanente pensiones e IPC y "disociar" sus niveles a cambios en la esperanza de vida de la población española. "Eliminar ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones, salvo que se adopten medidas de compensación", remarca el documento.
Desde la CE calculan que vincular de nuevo las pensiones a la inflación "podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB. Además abolir el factor de sostenibilidad sumaría "al menos" un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo.
Por otro lado, Bruselas recuerda que España cuenta con unos ingresos fiscales en comparación con su PIB menor que otros Estados miembros. Además, es consciente de que el nuevo Gobierno prevé aumentar la recaudación a través de un aumento del tipo efectivo en el impuesto de sociedades y un incremento de los tipos más altos del IRPF, así como otros gravámenes. Sin embargo, el informe remarca que el impacto de estas medidas todavía es desconocido y subraya tiene "espacio" para aumentar la recaudación a través del IVA, impuestos medioambientales, energéticos o sobre la propiedad.
Es en este contexto en el que la CE insiste en una de sus tradicionales recomendaciones a España, país al que lleva años pidiendo que reduzca el "extensivo" uso de tipos reducidos y superreducidos en el impuesto del IVA, ya que a su juicio "en muchos productos son regresivos".
