Bastó un año, el pasado 2019, para que España sumase a su mix de generación eléctrica más de 6.100 nuevos megavatios (MW) de potencia renovable. Y eso que no se encendieron todas las instalaciones adjudicadas en las dos megasubastas verdes impulsadas por el Gobierno central para alcanzar en este 2020 los objetivos de consumo en fuentes limpias. Con todas esas centrales, principalmente parques eólicos y plantas fotovoltaicas, la producción de electricidad renovable marcó varios máximos en la recta final del ejercicio, como el récord diario el viernes 13 de diciembre en la actividad de los complejos de aerogeneradores en el país. La patronal del viento sacó pecho ayer. "La eólica es una parte estratégica del capital productivo de nuestro país, que garantiza un flujo predecible de energía, con una fuerte presencia industrial manufacturera y de I+D, que permite la bajada de costes de la electricidad a los consumidores, crea empleo de calidad, ayuda a crear actividad económica en las regiones y reduce nuestra dependencia energética", resume Juan Virgilio, el CEO de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la comunicación de balance de un ejercicio histórico con España a la cabeza del ranking de países de la UE en aumento de potencia onshore.

La resurrección del sector obligó a los promotores y a la banca a exprimir la cabeza y buscar nuevas formas de financiación para proyectos que implican ratios muy elevados de apalancamiento. No pocas entidades se han convertido en socias de las compañías o impulsaron filiales con la única función de apoyar iniciativas renovables. Porque está de moda. Incluso las empresas que poco o nada tienen que ver con la energía y también las administraciones se están apuntando a la tendencia de emisiones verdes, un "floreciente mercado", como lo describe el gobernador del Banco de España, que superó ya los 250.000 millones de euros. "Una evolución prometedora que no está exenta de problemas", según advierte Pablo Hernández de Cos.

Además de las cifras -el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo recoge la movilización de un billón de euros en la próxima década- y la cuestión, según el gobernador, de "si los mercados financieros están preparados para aportar semejante cantidad de recursos", falta "un denominador común" para discriminar qué activos pueden llevar "la etiqueta verde". No hay ni estándares compartidos ni experiencia. "Además, ante el rápido crecimiento de este mercado, existe cierta inquietud entre algunos emisores e inversores ante la posibilidad de que se estén produciendo fenómenos de greenwashing", dijo Hernández de Cos, con su propia traducción "libre" del concepto a "ecopostureo". "Algunos emisores podrían intentar parecer más concienciados con el cambio climático por razones de imagen y responsabilidad social corporativa -añadió, durante una intervención en el Club de la Energía-, de lo que realmente implican sus actuaciones y ello podría generar en el futuro problemas reputacionales".

El 20% de las inversiones en el tejido productivo de la banca está en "las ramas de actividad potencialmente más afectadas por los riesgos de transición climática". El gobernador apela a plantear "distintos escenarios" y analizar sus implicaciones. "Existen notables lagunas de información", recordó, en referencia a que solo las grandes empresas miden su huella de carbono -y "prácticamente ninguna" incluye sus consumos intermedios- o la falta de un registro "centralizado" sobre la certificación energética de las viviendas. El máximo responsable del Banco de España rechaza que la regulación financiera lidere el proceso, "ni mucho menos sustituir la potencial inacción de otros actores".