25 de febrero de 2020
25.02.2020
Faro de Vigo

El supervisor energético duda de la legalidad de miles de cambios de compañía de luz y gas

La CNMC alerta de la incapacidad de las empresas para probar que fueron consentidos - En 59 casos perdieron el bono social

25.02.2020 | 01:49
Colocación de un contador de electricidad. // David Campos

El puerta a puerta prohibido por ley desde octubre de 2018 para la comercialización de servicios de electricidad y gas acabó en condena de cárcel para dos comerciales supuestamente en nómina de E.ON que cambiaron los contratos a catorce clientes "sin su conocimiento ni consentimiento", según acreditó la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo en junio del pasado año. Les achacaron un delito de falsedad en documento privado y otro de tentativa de estafa, con el atenuante de dilación porque los hechos se remontaban a 2010. Ninguno de los dos negó las quejas de los clientes por la usurpación de firmas, pero se aferraron a que esa era "una praxis que venía determinada por la empresa para la que trabajaban". E.ON, en aquel momento propietaria de Viesgo, lo negó. Había "varias decenas" de comerciales y solo ellos tenían "anomalías y falsedades" para cobrar la comisión por cada contrato ganado. Años lleva la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revolviéndose contra esta práctica, que parece que sigue repitiéndose a la vista de las empresas de electricidad y gas que no pudieron acreditar el consentimiento de algunos clientes al cambio de compañía en la investigación que el superregulador está realizando, con casos incluso de clientes que perdieron su derecho al bono social eléctrico por la mudanza de compañía.

A partir de la revisión de una muestra de los contratos formalizados entre julio de 2017 y junio de 2018, cuando cambiaron de compañía de electricidad 2,83 millones de clientes y 740.000 de suministro de gas, la CNMC refleja sus dudas sobre el consentimiento en el 3,9% de los traslados en el sector eléctrico y en el 6,6% en el gasista. Es decir, de unos 110.000 y 48.800 contratos, respectivamente. A medida que los inspectores ahondaron en "los casos que registraron cambios atípicos y con contrataciones sin consentimiento o con engaño", las modificaciones no justificadas se fueron disparando. Sobre una recopilación de 800 contratos de estas características, la tasa de "cambios dudosos" se disparó al 37%, "siendo muy significativo" lo ocurrido con el derecho al bono social.

"Como consecuencia del análisis realizado para elaborar el informe, se detectaron 59 casos de consumidores que perdieron el Bono Social a raíz de un cambio de comercializador, y que en meses posteriores lo recuperaron", señala la CNMC, que advierte que en la documentación aportada no se estaría cumpliendo con las obligaciones de información a consumidores vulnerables contemplada en la ley. De ahí que esté llevando a cabo "las actuaciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias, en relación a las diferentes casuísticas identificadas en los puntos anteriores".

Durante los años 2017 y 2018, la CNMC tramitó 130 y 157 expedientes informativos respectivamente, derivados de denuncias de consumidores por cambios de comercializador sin consentimiento. El organismo presidido por José María Marín Quemada insiste en que las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos fijados por la Ley cuando formalizan sus contratos y, muy especialmente, cuando se trata de consumidores vulnerables.

Galicia es, proporcionalmente, la comunidad que menos cambios de compañía de luz y gas acumula. El 7,8% de los clientes lo hicieron el 2018, unos 138.000 en electricidad y 23.500 de gas.

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