El Ejecutivo autonómico ha presentado, en alianza con los de Asturias y Cantabria y también con las principales empresas, alegaciones al proyecto del llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo que prácticamente suponen una enmienda a la totalidad del plan propuesto por el Ministerio de Industria para abaratar los costes energéticos del sector fabril. Los cambios demandados incluyen que se dé preferencia a las plantas que más dependen del precio de la electricidad -casos de Alcoa o Alu Ibérica en el caso de Galicia- y cuadruplicar la rebaja media ofrecida hasta ahora -pasando de 2,25 euros a 10 euros por megavatio/hora- mediante nuevas bonificaciones en los cargos, peajes e impuestos incluidos en la tarifa de la luz.

El alcance y la forma en que se han gestado las alegaciones deja ver que la Xunta ha maniobrado en este asunto distanciándose de los argumentos que usa el Gobierno central en defensa de su proyecto, buscando alianzas con otros gobiernos autonómicos de distinto color político (del PSOE en Asturias y de la coalición PRC-PSOE en Cantabria) y recogiendo el sentir de las empresas gallegas que más se juegan en el precio de la luz por su desventaja competitiva frente a fabricantes de otros países (Alemania y Francia, en particular).

La definición. La Xunta plantea que, para alcanzar la categoría de consumidor electrointensivo y por tanto para beneficiarse del apoyo público, se acredite un consumo medio anual superior a 40 gigavatios/ hora, cuanto el estatuto fija ahora sólo un gigavatio. Ello supone reducir el número de beneficiarios para centrar la norma en los procesos productivos que más dependen de los precios eléctricos. Además, las alegaciones piden que se diferencie entre consumidores electrointensivos y altamente electrointensivos, en función del peso de la electricidad en el valor añadido bruto de la producción. A partir de esa clasificación se propone que las plantas de la primera categoría reciban compensaciones del 60% en ciertos costes de la factura y que tal proporción llegue al 85% en el supuesto de las industrias altamente electrointensivas. Este planteamiento choca abiertamente con lo que ha venido diciendo el Ministerio de Industria: que la Comisión Europea impide diferenciar entre unas y otras compañías. "El esfuerzo compensatorio no se centra prioritariamente en aquellas empresas que por sus perfiles y volúmenes de consumo se encuentran más expuestas a la pérdida de competitividad por el coste de la energía eléctrica", critican Galicia, Asturias y Cantabria en los pliegos que, por separado pero con idéntico contenido, enviaron ayer al Ministerio de Industria.

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Diez euros frente a 2,5. Diez euros frente a 2,5. El mismo escrito expone: "Las medidas compesatorias previstas (por el Gobierno) suponen una reducción media de los precios eléctricos de 2,25 euros por megavatio/ hora (0,54, en el caso de la antigua Alcoa), cuando realmente se necesita una rebaja frente al precio actual de la energía de diez euros". Para ello, la Xunta de Galicia y las comunidades aliadas proponen mejorar la compensación por los costes de las renovables y otros cargos propuesta por el Gobierno (91,8 millones anuales), crear una nueva bonificación de los impuestos que gravan la generación eléctrica desde 2013 y otra más en el capítulo de los llamados peajes de acceso. Son medidas alineadas con las que existen en Alemania, Francia y otros países europeos.

CO2 e interrumpibilidad. La ambición de las referidas alegaciones queda retratada también en el capítulo de las compensaciones por costes indirectos del CO2. Los tres gobiernos autonómicos piden que su dotación presupuestaria se eleve al máximo permitido por la normativa comunitaria (25% de los ingresos por subastas de derechos de emisión), de manera que se llegaría a 300 millones anuales frente a los 172 comprometidos por el Gobierno. El documento plantea asimismo que se recuperen las subastas de interrumpibilidad en el formato anterior a 2019 -mecanismo que según el Ejecutivo está cuestionado por la UE- y cambios en el diseño de los contratos bilaterales a largo plazo entre eléctricas e industrias que los ministerios de Industria y Transición Ecológica quieren fomentar.