¿Estabilidad en los mercados o una mera forma de recaudación? Estos son algunos de los argumentos de los detractores y defensores de la tasa Tobin y la tasa Google. La discusión no es nueva, pero ahora está de actualidad porque finalmente el Consejo de Ministros ha dado luz verde a estos dos impuestos.

En concreto, la tasa Tobin es un impuesto destinado a gravar las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España a las empresas cuyas acciones en bolsa tengan un valor superior a los 1.000 millones de euros. La tributación de estas operaciones será del 0,2% y estarán exentas las pymes, las empresas no cotizadas, la deuda pública y los derivados.

Este impuesto surgió con el fin de gravar las operaciones de conversión de divisas que se producen al contado. Con ello, se pretende penalizar la especulación monetaria a corto plazo para evitar los movimientos masivos de fondos entre las bolsas de divisas porque podrían provocar una desestabilización de la moneda de un país.

Los defensores de esta tasa señalan que con esta medida el sector financiero ayudará a la recaudación de impuestos que a su vez servirán para pagar servicios públicos del país. La duda está en si esto se cumplirá así o si finalmente repercutirá en el cliente. En este punto entran los detractores de la medida que defienden que normalmente, los costes y comisiones que se aplican a la banca acaban llegando al cliente. Por ejemplo, una manera sería disminuyendo la rentabilidad de varios productos como los planes de pensiones o los fondos de inversión. Además, los opositores a esta medida también consideran que el impuesto puede desincentivar grandes operaciones financieras en España.

¿Qué es la tasa Google?

El segundo impuesto aprobado esta semana es la tasa Google. Este impuesto gravará determinados servicios digitales a las empresas con ingresos anuales totales de, al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.

Este impuesto pretende grabar el 3% de la publicidad digital y la venta de datos. Esto afecta directamente a empresas como Google, Facebook o Amazon. Quedarían excluidas de este impuesto las empresas que venden bienes o servicios online, así como los intermediadores que intervengan en el proceso. También quedan exentos ciertos servicios financieros.

La tasa Google no afecta directamente al usuario y en principio no debería suponer un coste directo para el consumidor. Ahora bien, estas empresas pueden incrementar de alguna manera sus costes, por ejemplo, en la publicidad de Google para 'cobrarse' de manera indirecta este nuevo impuesto a las empresas que hagan uso de este servicio.

La principal oposición a este impuesto viene de la mano del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha amenazado a los países europeos que aprueben este impuesto con imponer aranceles del 25% sobre las importaciones que vengan de Europa. Es más, Francia aprobó este impuesto en verano de 2019 y rápidamente EEUU anunció nuevos aranceles contra los productos francés. Francia acabó retrasando el inicio de este impuesto a finales de 2020.

En España, ambas iniciativas se pondrán en marchaa en el último trimestre del año. Ahora queda esperar si las empresas afectadas comienzan a moverse en contra de este nuevo tributo.