"Al final de cada año Pescanova SA devolvía sistemáticamente la mercancía adquirida a estos proveedores". Se refería así el fiscal, Juan Pavía, a la red de 14 sociedades que la multinacional creó o utilizó presuntamente para financiarse de forma irregular, sin que mediase un solo kilo de pescado en una relación comercial que se prolongó desde 2007 hasta 2013. Supuestas traders, agentes de referencia en el sector que, en realidad, eran solo CIF en manos de hombres de paja. Sirvió para generar facturas por más de 2.500 millones de euros en ese periodo. Pero no se devolvían productos, solo se gestionaban documentos, creando "papelería financiera" que permitía a la empresa el recobro de pagarés o créditos documentarios. Pero más aún, a fin de engordar la operativa, tal y como centró el Ministerio Público, la propia Pescanova inflaba los precios de la merluza, pota o langostino imaginarios para que las supuestas transacciones fuesen todavía más millonarias. Efialtes, Templeton Fish, El Gran Sol de Altura, Pescados Jorfras? -así, hasta catorce empresas- pagaban el kilo hasta veinte veces más caro que cualquier otro cliente de la multinacional. La auditora tampoco lo vio, como asintió ayer su socio director Santiago Sañé, imputado en este procedimiento. "No lo detectamos". ¿Cómo se escapó un aspecto así? Para el auditor, porque "normalmente no es un riesgo vender por encima de precio de mercado a terceros, si pagan". Para BDO "no era un punto de control" en sus tareas. La red de instrumentales saldaba sus deudas hasta que todo saltó por los aires y los pagarés se convirtieron en papel mojado. Solo en un año (2012) y solo dos filiales (Pescafina y Pescanova Alimentación) emitieron 37.783 facturas falsas.
"Los puntos de control en una empresa de la complejidad de Pescanova son ilimitados, tratas de centrarte en lo más relevante", agregó Sañé. El directivo completó ayer su declaración como investigado tras un larguísimo interrogatorio de Fiscalía -diez horas, en dos sesiones-, en las que revisó al detalle todos y cada uno de los documentos exhibidos por Pavía. Fue extremadamente técnico en sus explicaciones y defendió su trabajo con ahínco: "Su explicación no me parece razonable", respondió a una de las "interpretaciones" del fiscal. "En ese momento -apostilló, por las instrumentales- no sospechaba, ahora todo lo que sale de esas sociedades aparentemente no tiene base real". Sañé trazó una línea de defensa que basculó entre el cumplimiento de los requisitos fijados para una auditora externa -que no hubiesen podido detectar, a su juicio, que se hubiesen escondido subsidiarias o las propias facturas falsas- y el "engaño" del que fueron víctimas. "Se tenían que saltar su propio circuito -aseguró, por la dirección de Pescanova SA- para vender a esos precios. Hicimos controles donde consideramos que podría haber más riesgos". Resultó insuficiente. Sañé está imputado por un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera; este último es el que ha sentado también en el banquillo a la propia BDO, una de las big four (cuatro grandes auditoras del mundo).
"No hicimos esa comparativa"
Otra de las prácticas irregulares que escaparon al diagnóstico de la auditora -el escrito de acusación sostiene que BDO era conocedora de algunas de ellas- fue la utilización masiva de créditos documentarios. Aunque disfrazados de pagos normales a proveedoras extranjeras con facturas proforma, en realidad no existía intercambio de mercancía y, sobre todo, esas empresas no eran ajenas a Pescanova SA. En realidad eran filiales. "¿Cómo es posible que hasta 2012 se hubiesen formalizado créditos documentarios por más de 1.800 millones cuando las importaciones solo ascendieron a 27?", inquirió Juan Pavía. "No hicimos esa comparativa", respondió Sañé. "Tomábamos como referencia la información de los bancos y la empresa, no implicaba ningún tipo de pasivo. No hice esa comparativa ni con la matriz ni el consolidado".
De acuerdo al Ministerio Público, la multinacional elaboraba esa factura proforma en favor de una supuesta proveedora externa, quien pedía a la banca un anticipo y lo ingresaba a continuación por transferencia en una cuenta a nombre de American Shipping. ¿Qué pasaba después? Que esta empresa los enviaba a una cuenta de la propia Pescanova; cuando vencía el crédito documentario la pesquera saldaba la deuda con el banco. El dinero siempre se estaba moviendo, sin mercancía de por medio. La deuda por formalización de este tipo de créditos pasó de los 833,7 millones de 2009 a los 1.857 millones de 2012. Las filiales Pesca Chile, Promarisco (Ecuador), Skeleton Coast Trawling (Namibia), Argenova (Argentina) o Medosan (Uruguay) participaron de lo que Fiscalía ha calificado como "operaciones triangulares". "Hasta febrero de 2013 -concluyó Sañé- Medosan era solo una proveedora que tenía barcos en Uruguay. Después supimos que estaba controlada por Pescanova y en la operativa de los créditos documentarios". La multinacional que presidía entonces Manuel Fernández de Sousa pidió el preconcurso el 1 de marzo de 2013; acabó protagonizando el mayor concurso no inmobiliario de la historia empresarial española, con más de 3.650 millones de pasivo.
El turno de los imputados lo culminó, en representación de BDO y en la sesión décimo primera de este procedimiento, Carlos Sotillos, socio director de la auditora. El directivo respaldó tanto el trabajo de Sañé como del conjunto del equipo, de ahí que no hubiesen iniciado ningún expediente o reclamación contra él pese a la gravedad de las imputaciones.
