El expresidente del BBVA Francisco González se desmarcó ante el juez durante más de dos horas de la contratación del excomisario José Villarejo para trabajos de espionaje hasta el punto que aseguró que si esa información, supuestamente ilegal, hubiese llegado a sus manos, el responsable "al día siguiente está en la calle". "Si alguien tuviera esa información y me la hace llegar a mí, sabe que al día siguiente está en la calle, porque eso es ilegal", indicó al juez González, imputado por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en esta causa que investiga la Audiencia Nacional. Durante su declaración el exdirectivo gallego (Chantada, 1944) se desvinculó en todo momento del excomisario, a quien aseguró no conocer personalmente, y lanzó la responsabilidad de su contratación al exjefe de Seguridad Julio Corrochano, que despachaba con su superior inmediato, Ángel Cano, consejero delegado del banco entre 2012 y 2015 y también imputado.

No obstante, Fiscalía Anticorrupción tiene claro que FG -como se le conoce en el ámbito financiero- ordenó directamente la contratación de los servicios del excomisario durante años y el pago de los mismos "a sabiendas de su ilicitud". La propia entidad reconoce haber pagado más de 10 millones de euros a la sociedad de Villarejo entre 2004 y 2017. A qué se destinó no está tan claro porque hay servicios que se prestaron sin contrato y facturas por trabajos de los que no queda rastro documental. Hay incluso un contrato de 211.750 euros de 2015 por servicios de vigilancia y protección personal de alta dirección del banco y sus instalaciones y por "identificación y evaluación de la amenaza yihadista del grupo". Los ingresos a la empresa del excomisario (Cenyt) se paralizaron en 2017, cuando éste fue detenido.

La reacción

Los informes de Anticorrupción, tras el levantamiento del secreto de sumario de este caso, forzaron ayer una reacción iracunda del banquero. Lo hizo a través de una declaración escrita en la que quiso mostrar su más absoluta "indignación y sorpresa ante la intolerable agresión que está sufriendo a raíz de la ligereza y frivolidad de las acusaciones vertidas sobre su persona". En opinión de FG, según la documentación conocida hasta el momento, "existe una absoluta falta de rigor en dichas acusaciones, una ausencia total de pruebas que sustenten acusaciones tan graves y una inexplicable carencia de argumentos jurídicos". En base a lo conocido del sumario, el escrito de la Fiscalía, prosigue el exbanquero en un comunicado, "se basa en simples indicios e incluso meras conjeturas, así como en opiniones y declaraciones de terceros, que están en una posición de defender su propia situación personal".

Pero no dejan de aflorar nuevas informaciones que continúan comprometiendo a FG. Por ejemplo, otro informe de Anticorrupción en el que utilizó los servicios de Cenyt para proyectos privados consistentes en la valoración y adquisición de fincas en El Escorial, Toledo, Islas Baleares, Marbella. El Ministerio público considera que el banco resultó perjudicado por estos contratos. En el informe, al que ha tenido acceso a Europa Press, se señala que los servicios prestados para el denominado proyecto Rick que "no aparecen amparados en un contrato escrito", y consistían en búsqueda su adquisición de fincas por parte de Francisco González, así como informe sobre utilización privada del avión corporativo.