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Vivir de los muertos: un fraude de 6 millones de euros anuales en pensiones ilegales

Policía y Seguridad Social destapan a nivel nacional medio centenar de casos de fallecidos que siguen 'cobrando'

Imagen de un cementerio gallego. // R. G.

Vivir de las pensiones de los muertos sin comunicar su defunción, es un fraude cada vez más detectado. El año pasado una mujer llegó a contratar a una actriz que durante cuatro años se hizo pasar por su madre y firmaba en el banco hasta retirar 74.000 euros, y un empleado bancario realizó 62 reintegros de la cuenta de una mujer fallecida engañando a sus compañeros: "Sentaba a una clienta anciana y decía a su compañero de caja que era la fallecida para que le diera el dinero tras falsificar las órdenes". Pero la picaresca se topa con la informática y de forma periódica se realizan interconexiones telemáticas entre administraciones que hacen saltar la liebre. La Policía Nacional, en colaboración con la Seguridad Social, destapó en el último año medio centenar de casos que suponen un fraude de 6.357.510,68 euros mediante el cobro indebido de prestaciones de personas fallecidas. La cantidad es similar a la del ejercicio anterior.

El balance incluye 11 detenidos y 36 personas investigadas por delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Las actuaciones, a nivel nacional, se llevaron a cabo en 21 provincias. Lugo es la única provincia gallega en la que no se ha detectado ningún caso. Precisamente el último informe del Tribunal de Cuentas, realizado hace tres años, situaba a Galicia como la segunda comunidad donde más se cometen este tipo de fraudes, con 208 casos. Por detrás de la Comunidad Valenciana (234) y por delante de Andalucía (186) y Canarias (134). El informe indicaba que era la comunidad donde el Imserso pagaba en 2016 un mayor número de pensiones no contributivas a personas fallecidas. Datos que la Seguridad Social tildó de poco reales.

La investigación del pasado ejercicio conllevó analizar 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias -23 de ellas con más de 100.000 euros defraudados-, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos hace más de veinte años y 11 muertes de pensionistas españoles en el extranjero. Ahora los investigados están a disposición del juez e irán a juicio. En Galicia, a lo largo del año pasado, fueron condenadas varias personas que lograron eludir la cárcel a condición de devolver el dinero defraudado.

| Una estradense ocultó 20 años la muerte de su abuelo. Avelina confesó en la Audiencia de Pontevedra el pasado mes de junio que durante veinte años percibió la pensión de su abuelo después de haber fallecido. Hasta 2016 ni la Seguridad Social ni el banco que pagaba la prestación se percataron de la situación. Aceptó dos años de prisión y como es insolvente la entidad bancaria fue condenada como responsable civil subsidiaria a abonar a la Seguridad Social los 132.041 euros cobrados indebidamente. Se consideró una negligencia porque el fallecido, que no pisó la oficina bancaria en dos décadas, si en realidad estuviera vivo tendría 105 años.

| La ourensana que cuidó de su tío y cobró en doce años 127.136 euros. Nieves, de 70 años, cuidó de su tío enfermo los últimos años de la vida de éste, que se trasladó de Murcia a Ourense para estar con ella. Una vez que falleció cobró su pensión durante doce años. Estaba autorizada en la cuenta de su tío y retiraba dinero, un total de 127.136,47 euros, de los que el banco devolvió a la administración pública 42.935 euros, los últimos cuatro años como obliga la ley, y después se lo reclamó a ella con intereses. En una vista de conformidad aceptó año y medio de cárcel y saldar la deuda y la multa. Su marido fue partícipe a "título lucrativo" pues no se acreditó "que supiera el origen ilegal"

| El compañero de piso y autorizado en la cuenta bancaria en Vigo. Isidoro compartía piso en Vigo con un compañero. Cuando éste falleció cobró durante seis años la pensión del muerto ya que figuraba como persona autorizada en la cuenta. El pasado verano aceptó dos años de prisión, la devolución de casi 60.000 euros a la entidad bancaria y 30.000 euros a la Seguridad Social, en plazos de 300 euros al mes, además de una multa de 89.000 euros. Elude, como los anteriores, el ingreso en prisión si cumple con la devolución.

| La pareja coruñesa que se lucró con pensión contributiva del suegro. La Audiencia de A Coruña condenó a tres años y nueve meses de prisión a un matrimonio en 2018 por cobrar durante 24 años la pensión no contributiva por incapacidad del fallecido, padre de la mujer. En total 67.800 euros que reclamó la Xunta de Galicia.

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