Las mutuas, organizaciones de base empresarial que colaboran con la Seguridad Social, están reactivando una de sus demandas históricas: tener el poder de decisión sobre las altas de los trabajadores en los procesos de baja laboral por enfermedad. Tal demanda coincide con la aparición de un déficit creciente y multimillonario en la gestión de la prestación por incapacidad temporal, que presiona la situación financiera de las propias mutuas. En la comunidad gallega, las mutuas gestionaron en el último ejercicio la citada prestación -la retribución que reciben los trabajadores estando de baja- para unos 780.000 trabajadores: 580.000 asalariados y 200.000 autónomos, según datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Social.

Amat, asociación que agrupa a las principales mutuas españolas, ha difundido un folleto en el que subraya que su trabajo con las prestaciones de incapacidad por accidente laboral o enfermedad profesional (contingencias profesionales) y enfermedad común y accidentes no laborales (contingencias comunes) propicia un ahorro anual de 8.349 millones de euros a la Seguridad Social. El documento añade: "Las mutuas podrían elevar ese ahorro (...) hasta los 13.347 millones". Y añade que para ello se necesitaría, además de aumentar "la autonomía de gestión y presupuestaria" y mejorar la prevención y el control de la siniestralidad laboral, que las mutuas tengan capacidad de "dar el alta en contingencias comunes, al menos en procesos traumatológicos y de psiquiatría".

Actualmente, las citadas entidades tienen competencia para decidir las bajas y altas médicas de los trabajadores en los casos de dolencias derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales, pero sus atribuciones en los supuestos de enfermedad común se limitan a la gestión de la prestación económica que reciben los asegurados (asalariados y autónomos protegidos por las mutuas) mientras están incapacitados, al seguimiento del estado de los pacientes y a la posibilidad, en su caso, de proponer a los servicios médicos del sistema público que decida el alta. Corresponde a esos servicios médicos la competencia exclusiva de decidir tanto las bajas como el momento de reincorporación al trabajo.