El nuevo mecanismo para rebajar el precio de la luz -el llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo- será aprobado en cuanto se forme nuevo Gobierno con plenos poderes, según el compromiso del actual equipo en funciones de Pedro Sánchez. La interinidad y las limitaciones legales del poder ejecutivo han sido invocadas desde antes de las pasadas elecciones generales como impedimentos para lanzar ya una norma estable que reduzca la desventaja que el sector fabril tiene en costes energéticos con sus competidores europeos y que aporte certidumbre y visibilidad a las empresas para sus estrategias de inversión. La aprobación del estatuto permanece así retenida, pero no otras decisiones de política energética que favorecen al sector renovable y blindan su rentabilidad a largo plazo, según han hecho notar las organizaciones empresariales y sindicales en medio de la polémica por el fiasco de la reciente subasta eléctrica.
El malestar de la industria, confirmado por distintas fuentes, aparece recogido ya en la carta que el 12 de diciembre enviaron al Gobierno, de manera conjunta, las patronales que representan a la industria intensiva en gasto eléctrico (Aege y Unesid) y las federaciones industriales de UGT y CC OO. Allí se advertía del riesgo de que grandes compañías como ArcelorMittal y Azsa quedaran sin descuentos con los cambios introducidos por el Gobierno en la referida subasta, peligro que finalmente se ha consumado.
"La seguridad jurídica parece haber sido el criterio inspirador del decreto ley 17/ 2019 por el que se garantiza, hasta el año 2031, una generosa rentabilidad a los inversores en plantas de generación renovable. Hablando de seguridad jurídica, hace más de un año que se aprobó otro decreto-ley (20/2018) que no se ha desarrollado por la vía reglamentaria, sin que el gobierno se haya planteado solucionar el déficit regulatorio por la vía de urgencia que sí ha apreciado en el citado decreto-ley del pasado 22 de noviembre". Ese párrafo de la carta remitida a las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, recoge en jerga administrativa un episodio que el sector industrial interpreta como un agravio y que, traducido, se explica en los siguientes puntos.
Sí para las renovables
En aplicación de la llamada Ley del Gobierno (artículo 21), un Ejecutivo en funciones como el actual está imposibilitado para tomar medidas distintas al "despacho ordinario de los asuntos públicos", "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique". El Ministerio de Teresa Ribera apeló a esa urgencia y a ese interés general al aprobar, el día 22 de noviembre, un decreto en el que se prorroga la llamada "rentabilidad razonable" que tienen asegurados los productores de energías renovables, en su mayoría grupos energéticos con instalaciones eólicas y solares cuyos ingresos anuales con cargo a la tarifa eléctrica superan los 5.000 millones de euros.
Más concretamente, Ribera tomó dos decisiones: prorrogar por seis años una rentabilidad del 7,09% a las plantas renovables que entraron en servicio antes de julio de 2013 (cuando el Gobierno de Mariano Rajoy cambio el sistema de primas de entonces para frenar el agujero económico del sistema eléctrico) y ofrecer a las centrales anteriores a esa fecha el 7,38% durante doce años, a condición de que las empresas renuncien a acciones judiciales dentro y fuera de España para exigir compensaciones por el referido recorte de 2013.
El Gobierno actuó de ese modo ante el hecho de que el 1 de enero entra en vigor un nuevo "periodo regulatorio" (2020-2025) que obliga a revisar lo que cobran del sistema los productores renovables. La argumentación de la urgencia aparece recogida así en el preámbulo de la norma: "La ausencia de regulación supondría una gran incertidumbre sobre los ingresos futuros de las instalaciones (parques eólicos, huertos solares, plantas de cogeneración...), lo que dificultaría la financiación de nuevos proyectos, paralizando las inversiones necesarias para hacer posible una transición (energética) justa y cumplir los objetivos asumidos por España en materia de energía y clima". Peligraba, por tanto, la hoja de ruta de la descarbonización diseñada por el Ministerio de Teresa Ribera.
De paso, el Ejecutivo desactivó lo que más temían las eléctricas con negocios renovables: el riesgo de una rebaja sustancial en los ingresos. El peligro para el sector estribaba en que la retribución "razonable" se calculó en 2013 mediante una fórmula que usa, entre otras referencias, el interés de la deuda pública española a diez años. Considerando que el bono soberano renta ahora mucho menos que en 2013, la rentabilidad de las instalaciones se habría resentido muy seriamente si, en lugar de prorrogar el rendimiento que tenían hasta ahora, hubiera sido revisado con la misma fórmula.
No para la industria
El malestar de las industrias electrointensivas proviene del hecho de que el Gobierno apeló a la urgencia, al interés general y a la seguridad jurídica ante los inversores como cuestión de Estado en el caso de los negocios renovables, pero ha evitado utilizar un criterio semejante con los problemas de competitividad y el consecuente riesgo de cierres y deslocalizaciones en el sector fabril. Las ministras Ribera y Maroto expresaron repetidas veces que para el Gobierno en funciones no es legalmente posible aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a pesar de que, según las mismas declaraciones, está definido su contenido y preparadas las medidas para abaratar la factura energética de un tipo de empresas que conforman el núcleo duro de la industria.
La propia Reyes Maroto expuso la relevancia del sector electrointensivo español: 100.000 empleos directos, 20.000 millones de facturación y una alta concentración de fábricas en Asturias, Cataluña, Galicia y el País Vasco.
