Solo un día después del inicio de una huelga con carácter indefinido contra la reforma de las pensiones, el primer ministro francés, Édouard Philippe, ofreció ayer una aplicación gradual y "razonable" de las medidas -cuyo preciso alcance aún no se conoce-, en un intento de desactivar las protestas, que la víspera movilizaron a 800.000 personas, según los sindicatos, y a 1,5 millones, según el Ministerio del Interior.
Philippe no ocultó que el propósito de su Gobierno y del presidente Macron es desmovilizar justo a los sectores que más daño están haciendo: el del transporte y, singularmente, el de los ferrocarriles.
El "premier" francés hizo una mención particular para los beneficiarios de los regímenes especiales de la compañía de ferrocarriles (SNCF) y la entidad del transporte metropolitano de la región de París (RATP), que pueden jubilarse a partir de los 52 años, en lugar de los 62, la edad de jubilación voluntaria en el régimen general.
Pero, al mismo tiempo, consciente de que en 1995 otro primer ministro, el conservador Alain Juppé, tuvo que renunciar a su plan de reforma de las pensiones a causa de la paralización del país por una huelga que ya duraba casi un mes, Philippe dejó claro que no va a renunciar a una reforma para unificar los 42 regímenes de pensiones actuales en un "sistema universal" por puntos y con el que los ciudadanos tendrán que trabajar "un poco más", como ya ocurre en otros países.
