En un proceso de liquidación la tarea que asumen los administradores pasa, precisamente, por hacer líquido el patrimonio y lograr los mayores recursos posibles de su enajenación. En el caso de Factorías Vulcano el equipo comandado por Emilio Rodríguez de Dios -con Diego Comendador como auxiliar delegado- presentó un plan de liquidación con traspaso de la unidad productiva. Pero activó a juicio de la Autoridad Portuaria, el botón de fin de la concesión de los terrenos, que expiraba en 2027. El mismo organismo que preside Enrique López Veiga asegura que no podría prorrogar esa fecha en caso de que prosperase la adjudicación de las instalaciones, y es inviable que se plantee ninguna inversión de calado si en 2027 termina la concesión y sale a concurso. El litigio entre ambas partes, Puerto y liquidadores de Vulcano, se enquista. Y la primera ha decidido remitir el expediente de caducidad al Consejo de Estado, como confirmó ayer su presidente, Enrique López Veiga.
"No puedo tomar decisiones en virtud de lo que pueda convenir a la administración concursal", aseveró a este periódico. Y fue incisivo contra los gestores de Vulcano, que previamente acusaron al Puerto de poner "palos en la rueda" a que se hagan cargo de las instalaciones otras firmas del naval, como la turca Tor (dueña del astillero Torgem) o la viguesa Vicalsa. "En mi opinión personal el administrador concursal hizo las cosas mal. Es un error, a mi juicio, haber liquidado la sociedad porque le convenía desembarazarse del personal, pero esto tenía unas consecuencias". "Si hubieran hecho como con Factoría Naval y Nodosa, donde primero se hizo el traspaso de la concesión y luego se liquidó la sociedad, eso era lo que dictaba la lógica y la ley. Con Vulcano se hicieron las cosas mal, ahora es causa de extinción, y no tengo más remedio que defender la Ley de Puertos", remachó.
