En el año 2030 habrá en todo el planeta 1.000 millones de fumadores según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año fallecen a causa del tabaquismo ocho millones de personas a lo largo y ancho del mundo; más de un millón de ellas, fumadoras pasivas. Con estos datos, la industria se reinventa en busca de fórmulas menos nocivas. Sin embargo, en España, al menos hasta la fecha, no han hallado correspondencia con un marco legal diferenciado y basado en los estudios científicos que se han desarrollado hasta el momento.
El pasado mes de julio, la OMS señaló que es pronto para conocer los "efectos a largo plazo de los SEAN" (sistemas electrónicos de administración de nicotina) y animó a "investigar más a fondo". En esa labor se afanan los productores.
¿Con qué objetivo invierten sumas millonarias? Buscan conseguir que los marcos regulatorios que están por llegar reconozcan su estatus especial. La propia OMS se hizo eco en el aludido comunicado de las conclusiones obtenidas por "algunos autores", quienes "tras evaluar los datos empíricos procedentes de los análisis químicos y toxicológicos realizados y, en menor medida, de estudios clínicos, han señalado, con más o menos precauciones, que estos productos son perjudiciales, aunque, en general, menos que los cigarrillos".
Es precisamente este mensaje el que la industria del tabaco desea que se instale en el centro de los marcos legislativos. Sobre el daño en la salud nada discuten. Basta observar, por ejemplo, uno de los lemas que exhibe como bandera la multinacional Philip Morris: "Si no fumas, no empieces; si fumas, déjalo, si no lo dejas, cambia".
En la pasada primavera, el Gobierno de España lanzó una sonada campaña publicitaria que tenía por objeto poner coto a las 52.000 muertes anuales que se producen en el país por el consumo de tabaco. "Que no te engañen. El tabaco ata y te mata. En todas sus formas", rezaba el claim escogido. Las imágenes que acompañaban al texto mostraban a jóvenes fumando un cigarrillo tradicional, usando un cigarrillo electrónico, un vapeador y hasta un narguile (o shisha).
Denuncia admitida
El rechazo que mostraron los productores y distribuidores de cigarrillos electrónicos fue unánime y culminó en una denuncia ante la Comisión de Control sobre la Publicidad Institucional del Gobierno de España. Obtuvieron la razón y el Ministerio de Sanidad tuvo que admitir que no es lo mismo fumar que vapear o usar un dispositivo de calentamiento sin combustión.
También la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo criticó la equiparación de todos los productos. El colectivo lo integran cerca de 30 médicos, catedráticos, científicos y especialistas en tabaquismo. Igualar ambos productos "no hace otra cosa que confundir a la opinión pública impidiendo el desarrollo y el conocimiento de alternativas de menor daño que ya han demostrado su eficacia en la lucha contra el tabaquismo en países donde su uso está más avanzado", explicaron.
No obstante, Sanidad mantuvo la campaña, invocando el mero uso del lenguaje publicitario como origen del descontento. Estos métodos alternativos al consumo de tabaco tradicional mueven más de 88 millones de euros en España y una suma superior a los 30.000 millones de euros en todo el mundo.
Desde esa atalaya de generación de puestos de trabajo e ingresos fiscales (una de las vías recomendadas por la OMS para combatir estas adicciones), exigen que el debate se centre y se despeje el humo del recelo que hasta el momento se ha generado en derredor. No quieren que el punto de partida sea la inconveniencia de caer en la adicción a la nicotina; ninguna la discute ni oculta que la mejor decisión es mantenerse alejado de ella.
¿Desde dónde desean arrancar entonces y con qué armas cuentan? El epicentro debe situarse, a su juicio, en si los dispositivos que han desarrollado reducen los daños que provoca el consumo de tabaco tal y como hasta el momento se conocía. A la vista de las multimillonarias cifras que han invertido a día de hoy para abordar el cambio de ciclo, tienen claros motivos para pelear por ello. Hace dos años se estimaba que habían gastado 5.200 millones de euros, pero algunas de las de mayor tamaño aseguran que están por encima de los 6.000 millones desde 2008.
Según estas compañías, el espejo en el que debería mirarse el poder legislativo español es Reino Unido. La Agencia de Salud Pública de Inglaterra lanzó un estudio al inicio de este año en el que sostiene que el uso del cigarrillo electrónico es un 95% menos dañino que el tabaco, y la afección a terceros, insignificante. El mismo trabajo ofrecía datos también sobre la cantidad de personas -20.000- que anualmente logran pasarse al cigarrillo electrónico abandonando la combustión de tabaco.
