Los hechos probados alrededor del crédito de 67,1 millones de euros concedido por Caixanova en 2007 a una promotora vinculada a Copasa para una macrourbanización con 700 viviendas en Rivas-Vaciamadrid no tienen nada que ver con el relato construido por la Fiscalía Anticorrupción para llevar a la excúpula de la desaparecida entidad al banquillo otra vez. Pedía cuatro años de prisión para Gregorio Gorriarán, José Luis Pego, Domingo González Mera y Julio Fernández Gayoso por un supuesto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal. Abanca, personada en el caso, solicitaba tres, bajo la misma acusación. Que los cuatro acusados se habían saltado los controles necesarios en la autorización de la operación y en las dos reestructuraciones posteriores y provocaron un agujero de 41,8 millones cuando la filial Proinova asumió la propiedad de los terrenos y se quedó con el préstamo. Ni rastro de eso ve la Audiencia Nacional. "No existe dato de cargo de que los acusados, ni de forma aislada ni actuando de común acuerdo, siguiendo un plan preconcebido y con abuso de sus funciones hayan actuado con el propósito de causar un daño económico a Caixanova", sentencia el tribunal, que absuelve a los cuatro en el fallo comunicado ayer a las partes y al que tuvo acceso FARO.

La verdadera historia, según los magistrados, quedó acreditada por la abundante y "valiosa" documentación aportada a la causa, especialmente desde Abanca, y las "detalladas y prolijas declaraciones" de los acusados, sin que existieran contradicciones entre ellos ni con la mayoría de los 19 testigos. El fallo descarta la existencia "de algún tipo de presión, insinuación o actuación distinta al normal proceder", señala. Por eso la visión de la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido es "radicalmente diferente a la manifestada por las diversas acusaciones".

Una de las claves, según el tribunal, es la defensa que los propios inspectores del Banco de España -Juan Antonio Teruel y Pedro González- hicieron de la operación, calificada "con un riesgo normal"; y de la refinanciación a la que se sometió en dos ocasiones por el impago de los intereses desde la promotora. "Es un instrumento de gestión", confirmaron los dos responsables del organismo, en referencia al cambio de condiciones de los pagos del préstamo para intentar salvarlo.

No opinaban lo mismo los peritos vinculados también al supervisor financiero. Pero a ellos la Audiencia Nacional les reprocha, entre otras cuestiones, que no tuvieran en cuenta en sus informes "los factores positivos tendentes a superar y aminorar las dificultades surgidas" durante la vida del crédito, como el hecho de que la tasadora estaba convencida de una rapidísima venta de las viviendas.

La sentencia recuerda, además, que no solo Caixanova sufrió pérdidas cuando asumió los terrenos y el crédito a través de Proinova. También los avalistas se quedaron sin unos 20 millones de euros, "pérdidas que no se hubieran producido si los inversores de la operación no creyeran en el proyecto". La operación se mantuvo, como insistieron los acusados y la mayoría de los testigos, para evitar un concurso de acreedores que complicaría todavía más la situación; y acabó en dación en pago, "muy frecuente en este tipo "de operaciones y consentida por el Banco de España", remarca la sentencia, que considera que "no solo se actuó de acuerdo a la normativa interna de la caja sin vulneración alguna o abuso de cualquier posición dominante, sino que se trató de conciliar todos los intereses en conflicto" y con el respaldo de "los órganos colegiados" de Caixanova.

En cada paso que se dio, insiste la Audiencia Nacional, los acusados "se limitaron a dar al expediente el cauce previsto" y "buscando en todo caso la mejor solución y la menor pérdida posible para la entidad".