La Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio a la excúpula de Caixanova, que se enfrenta a cuatro años de prisión por administración desleal continuada en una fallida operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid (Madrid) con un supuesto perjuicio de 41,8 millones. Solo el ex director general adjunto Gregorio Gorriarán, al que la Fiscalía Anticorrupción responsabiliza de lleno del préstamo, ejerció su derecho a la última palabra para afear a Abanca haber accedido Sin "permiso, ni oral ni escrito" a sus dispositivos para obtener información que ha sido utilizada en uno de los peritajes de la acusación que obran en la causa.
La defensa del exresponsable de la división de planificación financiera Domingo González Mera aseguró que su representado "se ciñó a las facultades propias de su cargo, a los manuales; acudió a las comisiones que tenía que acudir y se reunió con el director general".La letrada del ex director general José Luis Pego ha puesto énfasis en que los cuatro acusados, en "todo momento y lugar", se ciñeron "a todo lo que tenían que ceñirse", y añadió que los antiguos gestores de la caja gallega actuaron "siempre conforme a los estatutos, manuales y circulares internas de la caja", en contra de la teoría de la fiscal Inmaculada Violán, que mantuvo su petición inicial de pena al considerar acreditado y "reprobable" que todos ellos actuaron "con desprecio absoluto a las normas" al sacar adelante un préstamo "dudoso" y que "hacía aguas" desde el origen. El abogado del expresidente, Julio Fernández Gayoso, subrayó que "no se ha practicado ni una sola prueba que haya destruido la presunción de inocencia".
