El expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso aludió ayer al aval del Banco de España a la gestión de la entidad tras realizar una inspección con datos de diciembre de 2008, meses después de ejecutarse la operación inmobiliaria en Rivas (Madrid) objeto de investigación. Gayoso, que en pocos días cumplirá 88 años, declaró como acusado en el juicio que desde ayer se sigue en la Audiencia Nacional contra él y otros tres exdirectivos de la caja gallega por presunta administración desleal continuada en una operación urbanística en el entorno de Los Montecillos, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, que causó un perjuicio de 41,8 millones de euros. Para el que fuera director general de la caja entre 1965 y 2006 y presidente a partir de esta fecha, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía del Estado piden cuatro años de prisión, en tanto que Abanca, como heredera del quebranto patrimonial tras integrar Novacaixagalicia, tres.

A preguntas de la fiscal Inmaculada Violán, Gayoso defendió los controles que pasó la operación inmobiliaria, que contó con más de veinte firmas de los "mejores directivos de la casa"; en concreto, de los diez componentes del comité superior de riesgos y de los diez de la comisión delegada, que es la que elevaba la propuesta al consejo de administración. Pero además, el Banco de España, el supervisor de la caja de ahorros, opinó en 2009 que se trataba de "una operación normal", tras realizar una inspección de la entidad con los datos de 2008 -la operación inmobiliaria se llevó a cabo en abril de 2007-. Pocos meses antes de la "desaparición" de Caixanova por su fusión con Caixa Galicia que dio lugar a Novacaixagalicia, el Banco de España envía el resultado de su inspección, en el que relata que se analizaron "entre otras muchas operaciones la de Rivas, que merece la calificación de normal". Asimismo, recordó que la Xunta de Galicia contaba con una silla en el consejo de administración de la entidad, que informaba puntualmente al gobierno regional de sus actividades.

Antes que Gayoso concluyó el interrogatorio del ex director general Gregorio Gorriarán, que empezó este lunes, y que ayer se emocionó al recordar a la Sala que su hermano, que poseía un 6 % de una sociedad participada por la caja de ahorros vinculada a la operación inmobiliaria de Rivas, "se siente culpable por estar yo aquí". Entre lágrimas, Gorriarán apeló a la "cultura de la transparencia" vigente en la entidad, donde nadie puso jamás ninguna pega u objeción al hecho de que su hermano estuviera relacionado con dicha operación, que admitió que era de un volumen "muy importante", un préstamo de 67 millones de euros. Al ser el ámbito geográfico de Caixanova "la cuna del narcotráfico, aunque esté feo decirlo", las operaciones y las sociedades implicadas en la financiación de la caja de ahorros se investigaba con todo detalle.

Para el propio Gorriarán, Gayoso y el exdirector general de la caja, José Luis Pego, esta es la segunda ocasión que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. En octubre de 2015 fueron condenados a dos años de cárcel por las polémicas prejubilaciones millonarias.