Fuera de todos los sucesivos plazos marcados desde que el 11 de junio de 2014 el Tribunal Supremo ordenó repercutir a los consumidores de cada comunidad lo pagado por las eléctricas en impuestos ambientales en sus respectivas regiones porque así lo establecía la ley del sector el año anterior, la refacturación está ya aquí. Las principales comercializadoras de Galicia incluyen en sus cargos de octubre el polémico suplemento territorial y una carta para explicar qué son y por qué hay que abonarlos. Están afectadas la inmensa mayoría de autonomías, pero ninguna tanto como la gallega, la que más tributos aplica a las empresas energéticas y donde la cantidad a recuperar es mayor. Como ya adelantó FARO, son casi 38 millones de euros a una media de 15,75 euros repartidos en doce meses por cada cliente (1,3 euros), lo que supone un encarecimiento del 7% en el recibo de la luz.
No solo hay que tener en cuenta el importe del suplemento, inflado en Galicia principalmente por el canon eólico -uno de los gravámenes que hay que reintegrar a las empresas, junto con el impuesto a los embalses, el de contaminación atmosférica y la cuota correspondiente al sector energético del canon de saneamiento-, sino el sobrecoste derivado de la aplicación de los impuestos convencionales en la factura a una cantidad ahora más alta. Al tratarse de una revisión de los peajes de acceso -la parte regulada del recibo-, el precio engorda desde el principio y con él se calculan tanto el impuesto eléctrico (5,113%), como el IVA (21%).
Un cliente con una potencia contratada de 3,3 kilovatios (kW) y un consumo de 55 kW hora en el último mes dentro del Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) desembolsa con el suplemento territorial (1,24 euros) un total de 23,87 euros, frente a los 22,29 euros que abonaría sin refacturación.
"En el año 2013 la normativa contemplaba que en el caso de que estas actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico, al peaje de acceso se le incluiría un suplemento territorial para los consumidores de esa comunidad autónoma, si bien dicho suplemento no se llegó a aprobar por el Gobierno", destaca la carta incluida en el recibo, con el recordatorio de la sentencia del Supremo que dio la razón a las eléctricas.
La negativa de la mayoría de comunidades con tributos a aportar los datos de recaudación -la Xunta llegó a recurrir las órdenes dictadas por el Gobierno central a pesar de que tanto el bipartito, que creó el impuesto a los embalses, como el PP, promotor del canon eólico, eran conscientes de que esto podía suceder- retrasó la ejecución. De los más de 112 millones a recuperar en 14 comunidades, más de un tercio corresponde a Galicia: 34,681 millones de la facturación a las empresas y 2,97 millones por los intereses generados.
