A los pensionistas españoles no les vale ninguna opción que no sea el "blindaje" de sus nóminas acorde al Índice de Precios al Consumo (IPC). Y ayer lo volvieron a dejar claro en una manifestación por el centro de Madrid con 8.000 participantes, entre ellos varios grupos de gallegos, que llegaron a las puertas del Congreso. Precisamente a esa hora, en el Senado, el informe de 2019 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social evidenciaba que en el caso de Galicia entre la población mayor, "cuyas rentas están casi totalmente determinadas por el importe de la pensión", en 2018 hubo un aumento de 30.000 personas (hasta las 327.000) con ingresos inferiores "al mínimo considerado para no ser pobre".

Además de vincular definitivamente la revisión de las cuantías con la evolución de los precios, los manifestantes reclamaron derogar las dos últimas reformas laborales, que la pensión no baje de 1.080 euros y el salario mínimo llegue a 1.200, además de eliminar los beneficios fiscales a los planes privados para la jubilación. Los representantes de la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones registraron en el Congreso sus peticiones, acompañados de varios miembros de Unidas Podemos.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió vía Twitter a garantizar la sostenibilidad del sistema y revalorizar las prestaciones conforme al IPC.