24 de septiembre de 2019
24.09.2019
Viviendas

La Junta regularizará más de 300.000 viviendas irregulares en toda Andalucía

El objetivo es "poner fin a años de caos jurídico y urbanístico", afirma la consejera Marifrán Carazo

24.09.2019 | 17:41
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes un decreto ley para la regularización de viviendas ilegales, que en Andalucía se eleva a 327.583, aunque no se trata de una "amnistía" porque no se podrán legalizar todas.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que este decreto, que entrará en vigor este miércoles, "pone fin a años de caos jurídico y urbanístico" de los anteriores gobiernos socialistas que "fueron incapaces de resolver" este problema con al menos "tres intentos que no fueron efectivos".

De hecho, solo unas 1.500 viviendas irregulares se han regularizado en los últimos diez años en Andalucía.

Carazo ha explicado que no se sabe con exactitud el número de viviendas que se pondrán regularizar y ha indicado que se aplicará el sentido común porque quedarán fuera las construidas en zonas de especial protección, las situadas cerca de cauces de ríos y arroyos y las situaciones que no hayan prescrito.

Ha destacado que para el desarrollo de este decreto es fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, que se concentran sobre todo en las provincias de Málaga y Almería.

De hecho, ha señalado que han mantenido reuniones con asociaciones de propietarios afectados, como la de la Axarquía malagueña y del Valle del Almanzora.




El decreto permite el acceso al reconocimiento de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) no solo a viviendas aisladas, como hasta ahora, sino también a edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

El AFO no supone una legalización y permite que los propietarios accedan al registro de la propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Por tanto, el nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia.

Además, los municipios podrán formular un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.

Hasta ahora, había que esperar unos nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial, por lo que a partir de ahora el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos, según la consejera.

Otro eje en el que se sustenta este decreto ley es la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales.

Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.

El coste de esos servicios lo lógico es que lo sufraguen los propietarios, ha apuntado la consejera.

Ha incidido en que con este decreto ley no se pretende dar una amnistía, puesto que se priorizará la actuación inspectora y sancionadora para que no se repita este "desorden y descontrol urbanístico" dentro de las competencias de disciplina urbanística que tiene la administración autonómica.

Y ha insistido en que se da una respuesta para corregir los efectos del crecimiento urbanístico desordenado e indiscriminado, y que, además, provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.
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