Más de cuatro de cada diez hogares en Galicia tienen como único sustento el ingreso de una prestación pública. Las pensiones ganan, entre estas pagas, por abrumadora mayoría. De modo que la capacidad de gasto de los mayores es determinante para la demanda interna de la economía, amén de un caladero de votos tentador. Las inauditas protestas protagonizadas por este colectivo lograron la suspensión -que no supresión- del índice de revalorización de las pensiones, que fijaba como tope máximo de subida el 0,25% mientras la Seguridad Social estuviera en números rojos. Pero la inestabilidad política y la falta de presupuestos amenazan ahora con echar al traste aquella victoria, cosechada con Mariano Rajoy, primero, y con Pedro Sánchez, después. Teniendo en la paga media de los pensionistas gallegos, la diferencia entre si se aplica el alza mínima o si las pagas se revalorizan con el IPC será de unos 100 euros anuales por cabeza.
En suma, este colectivo se arriesga a perder en 2020 ingresos por valor de al menos 76,5 millones de euros si, debido a la inestabilidad política, no se consolida la práctica de los últimos dos años de actualizar las prestaciones con arreglo a la inflación. La revalorización de las nóminas de los jubilados está ahora en una situación legal provisional y anómala: con carácter general, las pensiones han subido referenciadas al nivel de precios e incluso por encima de él en 2018 y 2019 por decisiones políticas extraordinarias, pero formalmente sigue viva la reforma según la cual en circunstancias como las actuales, de déficit en la Seguridad Social, el aumento no debería superar el 0,25%.
En 2018 y 2019, primero a raíz de un acuerdo presupuestario del PP con el PNV y luego por decreto del actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez, las pensiones se revalorizaron de acuerdo con el IPC y quedó aparcada la regla del 0,25%. En 2019, el incremento general de las prestaciones fue del 1,7%. Si se aplicara un criterio análogo para 2020, la nómina de los pensionistas gallegos (rebasará holgadamente los 8.700 millones este año) debería incrementarse en al menos 99,3 millones, teniendo en cuenta que la inflación prevista rondará el 1,1%. Con la regla del 0,25%, la revalorización se quedaría en 22,5 millones. La pérdida estimada si no se blinda una subida igual al IPC (76,5 millones) no incluye un eventual incremento superior para las prestaciones más modestas (las mínimas y no contributivas), como los que también se aplicaron en 2018 y 2019 (3% en ambos ejercicios).
El índice de revalorización, con el criticado 0,25%, se articuló en paralelo al llamado factor de sostenibilidad. Lo que pretende este último elemento es contener el coste para las arcas públicas e implica una menor pensión para cada jubilado al entender que, como la esperanza de vida va en aumento, se cobrará una paga durante más tiempo. Es lo que anticipa que, según la OCDE, los nuevos jubilados españoles cobrarán la mitad de su último salario cuando dejen la vida laboral activa.
