Galicia y Asturias pugnan por sacar partido desde el noroeste de España a uno de los negocios energéticos del futuro: el suministro de gas natural licuado como combustible para barcos. Reganosa, sociedad propietaria de la regasificadora de Ferrol y participada por la Xunta, está inmersa en un proyecto que entra en competencia con el que Enagás tiene para abrir, presumiblemente en 2020, la planta asturiana de El Musel, en Gijón. Es el contexto en el que el Gobierno gallego, que preside Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este año alegaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica para cuestionar la entrada en funcionamiento del complejo gijonés.
El pulso se está dirimiendo en el terreno administrativo y político. Las dos regasificadoras, con algunas características técnicas análogas -ambas tienen dos tanques e idéntica capacidad de almacenamiento de gas en estado líquido (300.000 metros cúbicos)-, han tenido que volver a tramitar sus autorizaciones al perder en los tribunales largos litigios promovidos por organizaciones vecinales y ecologistas.
El permiso de Gijón fue tumbado por el Supremo en 2016, y Enagás está pendiente ahora de obtener uno nuevo de Transición Ecológica, procedimiento en el que la Xunta de Galicia ha aprovechado el trámite de información púbica para alegar que la planta asturiana es innecesaria para el sistema gasista. La regasificadora de Gijón, acabada en 2012, no ha llegado a entrar en funcionamiento por ahora. Por su parte, la autorización de Reganosa para Mugardos (Ferrol) fue anulada por el mismo tribunal también en 2016, aunque pudo seguir funcionando a la vez que se abordaba, como en Gijón, un proceso de legalización. El Gobierno central, entonces del PP, favoreció a Reganosa habilitándola a utilizar un procedimeinto acelerado, sin evaluación ambiental completa. Pero una nueva sentencia de este año invalidó tal decisión y ha forzado a Galicia a iniciar una tramitación distinta.
La situación administrativa descrita hace verosímil, según la opinión del Principado, que la regasificadora gijonesa pueda ser legalizada antes que la ferrolana, algo que trastoca los planes de negocio de Reganosa en Galicia y favorece los de Enagás en Asturias. Ambas compañías aspiran a convertir sus plantas en " hubs gasistas" del noroeste, enclaves estratégicos para la recepción y almacenamiento de gas natural y también para el suministro ( bunkering, en la jerga del sector) a los barcos que utilizan este combustible, un uso que se multiplicará en los próximos años como consecuencia de la descarbonización de la economía y del abandono de la movilidad marítima basada en el fuel, mucho más intensivo en emisiones de CO2.
El pulso entre ambas regasificadoras implica a los gobiernos de las dos comunidades. El gallego de Núñez Feijóo (PP) apoya decididamente los planes de Reganosa para convertir Galicia "en una pieza importante en el tablero mundial del gas natural", en sus propias palabras. El Ejecutivo asturiano de Adrián Barbón (PSOE) está alineado con los proyectos de Enagás.
Reganosa, que se define a sí misma como "multinacional gallega de la energía", está "volcada" en su idea de engancharse al negocio del suministro de gas natural a los barcos. En un vídeo promocional, sus directivos subrayan que el puerto de Ferrol reúne condiciones excepcionales para convertirse en "enclave gasista de referencia", por la proximidad a rutas marítimas atlánticas en las que se mueven 40.000 buques al año. Para conseguirlo, Reganosa ha planificado inversiones a corto y medio plazo por valor de 215 millones de euros, parte de ellos (54 millones) aportados por la Xunta de Galicia. Se incluyen las obras de un tercer tanque de almacenamiento y de un nuevo muelle de atraque, así como la construcción de un barco para suministrar a otros buques y de plantas satélites en distintos puertos gallegos.
El pasado junio, la dirección de Enagás confirmaba su propósito de poner en marcha la regasificadora asturiana con unos 50 puestos de trabajo y un plan de negocio orientado a dos actividades: el bunkering y el almacenamiento estratégico de gas natural para las compañías comercializadoras. Si no se tuercen tales previsiones, el complejo empezaría a funcionar, a facturar y a generar también tráficos e ingresos en 2020.
