¿Quién es el dueño de la concesionaria de la Autopista del Atlántico y otras seis carreteras de pago más, entre las que se encuentra la AG-57 de Puxeiros a Val Miñor, la AG-55 entre A Coruña y Carballo y la AP-53 de Santiago al Alto de Santo Domingo? Pues no está nada claro. Los teóricos máximos accionistas hasta ahora eran el fondo norteamericano Corsair y su aliado, el también fondo holandés APG, que el pasado marzo alcanzaron el 60% del capital Itínere tras sumar el 15,51% controlado por Sacyr. Su oponente, Globalvia, estalló en cólera porque la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid que lleva la guerra de ofertas entre las dos partes vetó la operación, que Corsair y APG intentaron salvar articulando la adquisición del paquete del grupo de infraestructuras presidido por Manuel Manrique a través de una nueva sociedad. Un movimiento que queda en el aire tras otro laudo arbitral dictado ayer y que declara nulo el pacto entre los accionistas de Itínere -Abanca entre ellos- de hace diez años con efectos desde el 5 de febrero de 2018 y que posibilitó a Corsair hacerse con ese 15,5% que da el control de la concesionaria.

El banco gallego era, precisamente, uno de los que acudió junto con Kutxabank y Globalvia a la Corte de Arbitraje, que les da la razón, aunque sin reconocer el derecho a compensaciones económicas adicionales para las dos entidades financieras por los supuestos daños causados durante la vigencia de ese acuerdo entre accionistas que obligaba a Corsair a facilitar la salida del capital de aquellos que así lo quisieran tras un periodo de transición cuando entró en Itínere.

Sacyr, Abanca y Kutxabank decidieron vender conjuntamente sus títulos a Globalvia, que de esa manera tomaba el timón de la titular de Audasa. Días después, el 28 de febrero, el grupo de construcción y servicios dio el campanazo firmando con Corsair y APG el traspaso de sus acciones por 202 millones de euros, dejando a los fondos con un 60,19% del capital tras hacerse también con el 5,1% que mantenía Liberbank. Abanca (23,8%) y Kutxabank (16,3%) sí cumplieron su contrato con Globalvia, que les abonó 521 millones de euros.

El laudo arbitral, con dos votos a favor y uno en contra, exime de responsabilidad a Liberbank y abre la puerta a que Globalvia exija la marcha atrás de la venta de Sacyr, sobre la que recae además la posible multa de 100 millones de euros por saltarse su compromiso de venta.