El estado general de las pensiones es uno de los debates recurrentes en el panorama político y económico español, toda vez que se trata de un asunto de profunda trascendencia social. El último dato conocido esta semana reveló que el gasto en pensiones del mes de agosto creció un 5% en tasa interanual, hasta una cifra récord de 9.681 millones de euros. El Fondo de Reserva de las Pensiones, la conocida como ‘hucha’, agota sus recursos mientras se reduce gradualmente la proporción entre afiliados y pensionistas y la situación política española no invita a retomar un debate que implica a todos los sectores generacionales del país.
El Fondo de Reserva ha pasado de acumular 66.815 millones de euros en 2011 a los 5.043 con los que acabó el pasado, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Gobierno ha recurrido a deuda pública y créditos para hacer frente a los pagos, una tendencia a la que no se vislumbra final cercano. Con todo, los expertos consultados sostienen que el principal problema no es ese, sino asegurar la sostenibilidad global en las próximas tres décadas, especialmente a partir de mediados de la próxima, cuando empiecen a jubilarse los miembros de la generación del 'baby-boom' de los años 60.
El crecimiento del empleo en los dos últimos años ha permitido paliar el déficit entre ingresos y gastos, que el año pasado fue de alrededor de 19.000 millones. No obstante, las cifras para la reflexión están ahí y son tozudas. El gasto en pensiones creció del 7,6% del PIB en 2008 al 10,5% en 2017 -más que la media comparable de la OCDE- por la pérdida de empleos, la subida de la ratio entre pensión media y salario medio y una mayor tasa de dependencia, según el informe 'Envejecimiento y pensiones en España: situación y retos' publicado en enero de este año por el Banco de España. En 2017, el país cerró con una relación de 2,2 cotizantes por cada pensionista, atendiendo al estudio 'Las pensiones en España', del Consejo General de Economistas. Y la tasa de sustitución -relación entre pensión y último salario- en España es del 82%, frente al 55% de la media de la OCDE, según el servicio de estudios del BBVA.
"Vienen 30 años muy complicados, porque la generación del 'baby-boom' va a empezar a jubilarse", dice el economista Ángel de la Fuente, director de FEDEA
Son muchos y complejos los aspectos alrededor de un concepto, el de las pensiones, de alto valor económico y simbólico. "Llevamos tiempo sabiendo que la situación no es buena. Vienen 30 años muy complicados, porque la generación del 'baby-boom' va a empezar a jubilarse. Cada vez hay más jubilados por cada trabajador. Se calcula que la ratio entre afiliados y pensionistas puede quedar en torno a 1,25 en el año 2050", explica el economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y una de las voces de referencia para diagnosticar el estado de las pensiones, un asunto crucial que no encuentra acomodo en los últimos movimientos de los partidos políticos.
De la Fuente es crítico con el acuerdo firmado el año pasado por PP y PNV en el Congreso de los Diputados, que permitió al Gobierno aprobar los Presupuestos a cambio de romper el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones), que recogía una subida general del 0,25%, y sustituirlo por incrementos de entre el 1,7% y el 3% ligados al aumento del IPC durante los años 2018 y 2019. De la Fuente prefiere que se regrese a la situación surgida tras la reforma de 2013, que incluía el IRP y la introducción a partir de 2023 del denominado factor de sostenibilidad, que vincula el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida.
Infografía: Izaskun Garaizabal
"Ligar las pensiones al IPC es un lujo que no nos podemos permitir en las próximas décadas", indica. No obstante, propone excluir de esta norma a las pensiones mínimas, que sugiere blindar. "Para lidiar con el problema de las pensiones habrá que tomar medidas en muchos frentes. Uno de ellos exigirá jubilarnos más tarde o, de lo contrario, reducir la pensión para reducir el crecimiento del gasto en pensiones. Está claro que a nadie le agradan los recortes, pero la situación exige cuadrar las cuentas", añade. En su estudio '¿Cuánto cuesta actualizar las pensiones con la inflación?', de la Fuente hace una estimación de lo que supondría acompasar las prestaciones con un IPC aproximado del 2% con los datos de 2017, año en que el gasto total del Estado fue de 135.000 millones, y llega a la conclusión de que, acorde a la esperanza de vida actual, el desembolso adicional podría rondar los 30.000 millones adicionales.
Acompasar la edad legal de jubilación con la efectiva
El economista Antonio González, ex secretario de Estado de Empleo entre 2006 y 2008, en el segundo Gobierno de Zapatero, opina que retirar esa indexación -algo que ahora, sin Gobierno ni Presupuestos, está en el aire - supondría un perjuicio "tremendo" para las pensiones, "puesto que con el paso de los años el recorte para cada pensionista se va a ir haciendo mayor". En este sentido, considera que ajustar a la baja las pensiones tendría efectos negativos para la economía española. "El PIB español perdería ritmo de crecimiento y se produciría un deterioro importante en el empleo. Si los niveles de renta siguen siendo bajos y continúan las dificultades para ahorrar, se producirá un daño para la economía en términos de producción y empleo. Antes de hacer recortes hay que ver las dos caras de la moneda", subraya este experto, miembro del colectivo de análisis 'Economistas Frente a la Crisis'.
Pero vincular las prestaciones a la inflación no es el único punto del debate. Ambos expertos coinciden en la necesidad de acompasar la edad legal de jubilación con la efectiva. Tras la reforma de 2011, la edad legal de jubilación pasó de 65 a 67 años, pero la real está ahora en torno a 63, según los análisis del Banco de España. Dicha reforma recoge también el aumento del periodo considerado para el cálculo de la base reguladora desde los 15 a los 25 años y obligación de acreditar al menos 37 años cotizados para acceder al 100% de la pensión. Tanto González como de la Fuente resaltan asimismo la importancia de consolidar unos flujos migratorios exteriores que ayuden al sostenimiento de la actividad productiva y del mercado de trabajo.
De fondo, aparece también otra variable fundamental, conectada con la crisis demográfica y el envejecimiento de la población española. En España, a 1 de julio de este año, había 9.745.121 pensionistas. Abonar sus pensiones en 2018 supuso un desembolso público de 145.000 millones, un volumen que en dos décadas se ha triplicado y que ronda el 40% en cada presupuesto anual del Estado. Para 2045, el número de pensionistas podría superar los 14 millones. Ante esta situación, ¿de dónde extraer los recursos para hacer frente a los pagos? En un contexto en el que las señales de desaceleración internacional resuenan con fuerza, el crecimiento del PIB y la actividad económica se antojan como el principal asidero. "Mantener la tasa de sustitución actual requería un aumento importante de los ingresos, incluso en escenarios relativamente optimistas", señala el estudio del Banco de España, tesis que coinciden con las del informe del Consejo General de Economistas. "La productividad por ocupado en España es inferior a la media de la zona euro (el 83,75%) y para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, dicho 'gap' debería acercarse en 2050 hasta el 90%", mientras que se requeriría un aumento del 1,9% del PIB hasta 2050. La Comisión Europea y el FMI creen que España crecerá en esa línea el próximo año, pero el incremento del número de pensionistas hará necesario más esfuerzos para reducir la tasa de sustitución, y es ahí donde se redoblan las incógnitas.
Francia e Italia pagan más pensiones en relación a su PIB, pero su dinamismo económico es mayor y su nivel de paro es menor
Antonio González cree que las prospecciones sobre el "hundimiento" demográfico de la población han sido equivocadas, pero considera fundamentales el mantenimiento de la actividad económica y del nivel de empleo. "No hay una respuesta única al problema. Sin embargo, podría ser razonable y aceptable un gasto sostenible similar a lo que vienen gastando los países de nuestro entorno en la zona euro". Italia, con el 14,9% de su PIB, y Francia (14,4 %) gastan más que en España -11 % de su PIB-, pero sus economías, pese a resentirse en los últimos años, aún presentan más dinamismo productivo y menores tasas de paro que la española. Otro método que gana importancia entre las recomendaciones de los expertos es el incremento de las cotizaciones, pero con salvedades. "Eliminar el tope máximo de cotización tendría un potencial recaudatorio alto, pero podría afectar negativamente a la demanda de trabajo", resalta el informe 'Envejecimiento y pensiones en España: situación y retos', del Banco de España. "Cuanto más productivos seamos, más cotizaciones habrá para pagar las pensiones y más recursos para todo lo demás. La mejora de la productividad es la mejor forma de garantizar la viabilidad del Estado de Bienestar. Pero no es probable que aumente lo suficiente para solventar por completo el problema. También tendremos que limitar el crecimiento del gasto, alargar la edad de jubilación y aportar más recursos procedentes de mayores impuestos o cotizaciones. No hay una solución única. Es un problema muy complejo", concluye el director de FEDEA.
