María Fernández Pérez (Oviedo, 1975) es economista de formación y pertenece al cuerpo superior de administradores civiles del Estado, élite directiva de la Administración central. Especialista en regulación económica, es vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde 2013, organismo que supervisa y tiene atribuciones normativas sobre el sector energético, entre otros. Hoy interviene como ponente en las jornadas que los cursos de La Granda dedican a la energía.
-La descarbonización se acelera: el carbón apenas aporta este año el 6% de la producción eléctrica y las centrales de gas multiplican su actividad. El mercado está expulsando a las térmicas por sí mismo...
-Es un efecto del precio del CO2. Su subida lleva directamente a que no sea rentable producir electricidad con carbón y necesariamente a un vuelco en el mix energético (reparto de la generación por tecnologías). Ahora marcan precio en el mercado las centrales de gas y el carbón no entra. La decisión de crear el comercio de los derechos para emitir CO2 tiene ese efecto, que era buscado.
-¿Hacia dónde irán los precios con la expansión de las energías renovables? No es una cuestión pacífica: unos expertos sostienen que la luz se abaratará y otros que lo contrario.
-En el Plan de Energía y Clima (hoja de ruta del Gobierno español para reducir las emisiones de CO2 y descarbonizar la economía) se hace una previsión y, si no recuerdo mal, se habla de un horizonte de 54 euros por megavatio, teóricamente un precio bajo. Es muy difícil hacer pronósticos a largo plazo, sobre todo si el gas natural va a seguir marcando el precio. Las condiciones geopolíticas y geoestratégicas influyen mucho, también si llueve o no. Un debate relevante es la incidencia de la penetración masiva de renovables, que nos puede llevar a una reducción de precios importante en determinados momentos del día y tener consecuencias en la rentabilidad y en la inversión en esas tecnologías.
-¿Los precios a la baja frenarían entonces el desarrollo de la energía verde?
-Exactamente. Habría que plantear cuáles son los ajustes que necesita el mercado con toda la entrada de energías renovables que prevé el Plan de Energía y Clima. Será uno de los puntos de trabajo importantes en la próxima década: saber si las señales que da el mercado son las correctas para llevar a cabo los objetivos del plan.
-Las energías renovables son intermitentes y en los próximos lustros seguirán necesitándose centrales de respaldo. Los propietarios de térmicas de gas ya están demandando nuevos incentivos por estar disponibles (pagos por capacidad). ¿Son necesarios?
-Es otro de los debates abiertos tanto en la Unión Europea como en España: si para disponer de instalaciones de respaldo es mejor un modelo de "only energy" (retribuir únicamente la energía vendida por cada central) o de pagos por capacidad. Será un trabajo para la nueva Comisión Europea, en la legislatura en ciernes.
-El actual Gobierno ha apostado por una hoja de ruta para la descarbonización con objetivos de recorte de emisiones y de instalación de energías renovables superiores a los que marca la UE. ¿Entraña riesgos esa ambición?
-Todos los planes suponen oportunidades, retos y riesgos que uno debe tener en cuenta y ver si puede asumirlos. En la primera parte del plan, que corresponde al despliegue de las energías renovables, quizás el riesgo está en cómo se comporta el mercado y en si las inversiones van o no a ser rentables. Uno de los debates está en cómo se van a hacer las subastas para poder tener una penetración de renovables suficiente y cómo integrarlas sin que encarezcan el precio para el consumidor.
-En Galicia el riesgo que más se teme es el impacto en la industria (cierres de térmicas, aumento de los costes de otros sectores básicos)...
-Por eso estamos hablando aquí (en La Granda) de transición justa y ordenada. El Plan de Energía y Clima conlleva esa estrategia. Es verdad que es muy ambicioso en sus objetivos. Creo que se pueden conseguir sobre todo en la parte de desarrollo de la energía renovable. Será un pelín más complicado hacerlo en las partes que conllevan cambios de comportamiento y de estilo de vida de los consumidores. Estamos hablando de cambiar envolventes térmicas de edificios y de modificar la forma de refrigeración y de calefacción, cosas que suponen costes. Y estamos hablando asimismo de movilidad, de cambiar el vehículo. Se trata de bienes de consumo duradero y, por tanto, de decisiones de las familias que al final dependen de su situación económica.
-La forma de compensar a la gran industria, reclama el sector, es rebajar los precios con el llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo. La CNMC ha advertido de que puede haber colisión con normas europeas. ¿Habrá problemas?
-Siempre que estemos hablando de ayudas públicas puede haberlos, pero se pueden encontrar soluciones. Hay que hallar las vías para reducir los costes de la industria electrointensiva, que es de lo que se trata. Tiene mucho que ver con cómo se diseñan los peajes eléctricos (costes de redes), que competen la CNMC, y los cargos (primas a las renovables, pago del déficit eléctrico...), que corresponden al Ministerio. Ajustar los precios del sector energético a una industria competitiva va a ser también una de las cuestiones fundamentales en los próximos meses y años.
-El Gobierno estudia una rebaja para la industria en los cargos que financian a las renovables. ¿Es viable?
-Es una alternativa, pero, vuelvo a repetir, este es un sudoku muy complicado. Hay otros sectores, como por ejemplo los autoconsumidores, que también están eximidos de cargos. Al final, los cargos son once mil millones de euros al año y los peajes, siete mil millones más. Lo que deje de pagar una parte de los consumidores lo tendrán que pagar otros. Si hay una serie de consumidores que dejan de pagar, sean los electrointensivos, los autoconsumidores o cualquier otro tipo de agente a los que se reduzca el pago por política energética, implica que otros lo pagarán. Ahí está la complicación.
-La CNMC ha puesto de uñas al sector energético con sus propuestas de nuevas circulares para la retribución de las redes de electricidad y gas. Las empresas hablan de hachazo para su rentabilidad y de riesgo para miles de empleos...
-Las circulares de la Comisión no están orientadas a minar la rentabilidad de las empresas. Somos un organismo eminentemente técnico y nuestro trabajo está orientado a que las retribuciones sean justas y económicamente razonables. Por ley, cada seis años hay que revisar y ajustar si la retribución que pagamos entre todos es razonable. La CNMC tiene las competencias y la obligación legal de sacar esas circulares, que han salido a información pública. Es decir, estamos en la primera fase del proceso, en el momento de recibir alegaciones y escuchar los comentarios, de ver si es posible llegar a una mejora de todo el sector para tener previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica en el futuro. Es verdad que ha parecido que habíamos aprobado las circulares ya y que no había nada que alegar, pero, insisto, estamos al principio de la tramitación y dispuestos a escuchar cualquier comentario constructivo y sensato para mejorar toda la regulación del sector energético. No nos movemos, insisto, para mermar la rentabilidad de la empresas. Estamos haciendo ese trabajo de ajuste que luego tendrá impacto en los peajes eléctricos y gasista del que nos beneficaremos los consumidores.
