La Guardia Civil y la Policía Judiciaria portuguesa realizaron varios registros en distintas empresas de la provincia de Pontevedra y están investigado penalmente por un delito fiscal a 10 personas vinculadas con una operación abierta en Portugal para indagar sobre un posible caso de fraude relacionado con los fondos de la UE que podría superar los 20 millones de euros. A raíz de una orden europea de investigación instada por las autoridades judiciales portuguesas, por conducto del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, activó un protocolo de cooperación internacional en la denominada Operación Frangus, que concluyó con cuatro registros en las localidades de Vigo, O Rosal y Oia y la notificación de diez personas por un delito fiscal.
La orden europea de investigación surgió a raíz de las investigaciones que se están llevando a cabo en Portugal sobre supuestos fraudes en subvenciones concedidas por Bruselas y en las que se pudo averiguar que existían empresas en ambos países que tenían establecido entre ellas un circuito de facturaciones para obtener fondos comunitarios del programa Portugal 2020. Parte de las firmas están administradas por ciudadanos portugueses y "podrían estar emitiendo facturaciones falsas para las sociedades portuguesas, llegándose a verificar que algunas de las sociedades que conformaban el entramado figuraban dirigidas por el mismo administrador", según fuentes de la Guardia Civil. Las primeras impresiones con la abundante documentación intervenida es que la facturación no era por negocios reales y estaba orientada "exclusivamente" a justificar "de forma fraudulenta" las subvenciones.
