El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó ayer imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado a Cenyt, grupo empresarial del comisario, servicios de espionaje a diferentes personas.
Esta investigación se enmarca en la novena pieza del 'caso Tándem', relativa a los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.
El juez García Castellón acordó en un auto requerir al BBVA que designe a la persona que a partir de ahora le representará ante la Audiencia Nacional, según informaron fuentes jurídicas. De este modo, el magistrado rechaza la petición de la entidad financiera de personarse en la causa como perjudicado, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas.
El instructor adoptó esta petición tras estudiar el informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción el pasado miércoles en el que solicitó la imputación del banco como persona jurídica, por haber presuntamente contratado al excomisario cuando aún era policía en activo. Asimismo, el Ministerio Público también rechazó en su escrito la posibilidad de que la entidad financiera se personase en el caso como perjudicado.
Ilícito
Según Anticorrupción, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.
Esta pieza de la causa Tándem, la número 9 --que se encuentra bajo secreto de sumario-- es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.
