El Ministerio de Industria no intercederá ante el administrador concursal (liquidador) de Factorías Vulcano para propiciar que sus instalaciones sean traspasadas a otro astillero. Así lo ha zanjado el Ejecutivo en una respuesta escrita al Congreso, en la que recuerda que la compañía pasó ya por "varios procesos concursales y renegociaciones de las condiciones de pagos". Cuestionado por la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, expone -en una respuesta del 11 de julio- que, "al tratarse de un concurso ordinario de una empresa privada sobre el que este órgano [por el Ministerio] no es acreedor ni accionista, no puede participar en las negociaciones concursales". Es el mismo procedimiento que siguió con La Naval de Sestao, también quebrado, si bien a la plantilla de este último astillero se le ha facilitado su incorporación a los centros de trabajo de Navantia. De no aceptar esta oferta, se les ha propuesto una compensación de entre 120.000 a 160.000 euros.
"El astillero no ha podido conseguir contratos de nueva construcción de buques en los últimos años, lo que ha agravado la situación y ha generado impagos a trabajadores y a la industria auxiliar de la zona", relata el Gobierno central sobre Vulcano. En efecto, el último contrato (desde cero) de la atarazana viguesa fue en 2007, para la noruega Polycrest. No lo terminó. En abril de 2017 firmó con Trasmediterránea la construcción de un ferri de 139 metros, basado en el casco de un proyecto inacabado de Astilleros de Sevilla para Viking Lines. Entregó este buque, el Villa de Teror, con un año de retraso.
El Ejecutivo termina su respuesta a la diputada gallega con una mano tendida al naval vigués: "Ofrece y habilita sus instrumentos de apoyo, tanto financieros, para la construcción de buques, como a la Investigación, Desarrollo e Innovación, para sus proyectos innovadores".
