La empresa de vigilantes de seguridad Ombuds, con 40 trabajadores en la provincia de Pontevedra, ha entrado en concurso de acreedores tras fracasar las negociaciones con los bancos para obtener nuevas líneas de financiación. Así lo confirmaron ayer en un comunicado conjunto las federaciones de Servicios de los sindicatos CC OO y UGT.

La empresa, controlada por el fondo de inversión estadounidense JZI y la familia Cortina, adeuda la nómina de junio y la paga extra de julio a sus 8.000 empleados. Según el sindicato Alternativa Sindical, Ombuds mantiene con la Agencia Tributaria una deuda de más de 40 millones de euros.