El pasado febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF, el tribunal de cuentas azteca) emplazó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a "evaluar si la inversión en acciones que mantiene en el astillero Hijos de J. Barreras [...] contribuye a generar y maximizar su valor económico". Durante las indagaciones la compañía "no expuso [a la ASF] los motivos por los cuales sigue manteniendo vigente" esta participación, que asciende al 51% del astillero vigués y que adquirió en diciembre de 2013. A juicio de este organismo fiscalizador, "no quedó justificada la inversión realizada, la cual reportó pérdidas". Sus conclusiones tuvieron, desde México DF, dos consecuencias inmediatas y mediáticas: la decisión de vender Barreras, primero, y de investigar todos los vínculos que han tenido ambas sociedades, después. "Estamos incluso revisando contratos de empresas que se tienen en España, con astilleros españoles, en donde no había un trato justo para Pemex", exhortó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Responsables de la multinacional aterrizaron en Vigo para auditar in situ las cuentas de Hijos de J. Barreras y, por tanto, el valor de su 51% del capital.
Su tarea va más allá de una due diligence al uso, según exponen fuentes consultadas. "No se trata de determinar un valor de mercado, porque tienen también una especie de mandato presidencial para despejar dudas". Antes del desembarco en las oficinas de Beiramar el astillero ya había remitido a Pemex "toda la documentación que han pedido". José García Costas, titular del 24,5% del accionariado, descartó cualquier posible irregularidad tras la alocución de López Obrador. "Tienen interés lógico. No hay nada que nos pueda preocupar".El problema que detectó la ASF es que Pemex recibió, en el plan de negocio 2017-2021, el mandato de centrarse en "actividades sustantivas", vinculadas íntegramente a la exploración y distribución de petróleo. Y la construcción naval no entra dentro de ese universo de "actividades sustantivas". De ahí que el ente fiscalizador emplazase a iniciar "el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión autorizaron, invertir en el astillero Hijos de J. Barreras".
La pretensión de García Costas no ha cambiado y pasa por la recompra de la participación, con la entrada de nuevos accionistas a través de una ampliación de capital. Desde su entorno descartan también cualquier "interinidad" en la cúpula del astillero después de que el Registro Mercantil hubiese cancelado de oficio su nombramiento como consejero y presidente; su mandato venció y no fue renovado en junta de accionistas. "Tiene hasta noviembre", expusieron en referencia a sus posibilidades para retener este cargo. La cancelación de nombramientos afectó también a Ignacio Sáez de Ibarra, representante de Albacora en el consejo de administración.
