Emilio Rodríguez de Dios conoce las tripas de Factorías Vulcano. Las abrió en 2011 como administrador concursal del astillero, donde compartió travesía con la malograda Antonia Magdaleno Carmona (condenada a cuatro años de prisión por el Supremo a raíz de la quiebra de Martinsa-Fadesa). En aquel concurso la compañía viguesa declaró un pasivo de 186 millones de euros. Aplicó una quita del 80% y volvió al mercado; duró siete años más. Ahora las deudas son muy inferiores, según las últimas cuentas anuales disponibles, y rondan los 40 millones de euros. Su tarea distará de la que le fue encomendada entonces, ya que el economista pontevedrés deberá trazar el plan de liquidación del astillero cien años después de su fundación. De inicio ha solicitado al juez del concurso, Sergio Burguillo, el nombramiento de un auxiliar delegado. La ley concursal establece esta posibilidad cuando el proceso tenga una especial complejidad, y sobre esta persona el liquidador podrá "delegar determinadas funciones, incluidas las relativas a la continuación de la actividad del deudor". La petición fue atendida y, según fuentes consultadas por FARO, será el coruñés Diego Comendador Alonso.

Rodríguez de Dios es un viejo conocido en el ámbito legal. "Es una persona peculiar, reservada. Diría que particular", describe un letrado que compartió asuntos con él. "El naval es un sector peculiar, y de Vulcano sabe". Las mismas fuentes comparten la pertinencia de su nombramiento habida cuenta de que existe una intención clara de la plantilla y la Xunta de que esas instalaciones mantengan la misma actividad que desempeñaban hasta el 27 de junio, cuando entregó el ferri Villa de Teror. Sin la familia Santodomingo al frente, claro. "Ha manifestado que necesita tiempo para conocer bien la situación. Él será quien marque los tiempos" del actual proceso de liquidación del astillero.

Su próximo encuentro será con el comité de empresa de Vulcano. La plantilla, compuesta por 73 personas, está al día en cuanto a nóminas, aunque esta situación cambiará con el próximo salario a abonar. Los sindicatos abogan por la "no extinción de los contratos", aunque piden un paso al frente porque "alguien tendrá que indicarle [a Rodríguez de Dios] que hay un interés por la unidad productiva". El objetivo, como ya avanzo este periódico, pasa por solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una "solución puente" que "técnicamente es posible", pero que para el administrador tiene que tener garantías. "Todos los gastos que se originen son imputables a su gestión". El comité de empresa no quiere que las deudas con la plantilla vayan sumando mensualidades, de ahí que hayan pedido una reunión urgente con la Xunta. Para que "alguien" dé un paso en favor de dar continuidad a la actividad naval en las instalaciones de Vulcano.