Treinta millones de dólares, más de 26 millones de euros, en dinero contante y sonante impidieron la semana pasada que se firmase el acuerdo de compraventa entre la multinacional estadounidense Alcoa y el fondo suizo Parter Capital. Eso y que Alcoa hubiera asegurado que la corporación helvética no ofrecía "garantías financieras". Esa crisis se salvó ayer en el encuentro que se celebró entre las once de la mañana y las cinco de la tarde en el madrileño hotel Alameda.

La multinacional norteamericana aseguró que esos 30 millones estaban registrados en el preacuerdo mientras que el fondo suizo decía que no. Al no avanzar en la discusión, hubo un receso de media hora que cada una de las partes aprovechó para llamar a sus oficinas centrales: a Estados Unidos en el caso de Alcoa y a Suiza en el de Parter. De vuelta a la mesa, los representantes de Parter reclamaron un mes -hasta el 31 de julio- para poner el dinero encima de la mesa. Y eso lo aceptaron los americanos. Todo esto, mientras tanto, observado en silencio por los comités de empresa, por los representantes de los gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias y por el propio Gobierno central.

En la segunda parte de la reunión los trabajadores cobraron protagonismo y la negociación volvió a enquistarse en el mismo punto dado que la multinacional del aluminio insiste en que los empleados ratifiquen el preacuerdo alcanzado con el fondo suizo. Eso, la ratificación, es algo que rechazan de plano los sindicatos avilesinos al calificarlo de "chantaje" en su comunicado tras el encuentro. La nota emitida por el comité de empresa coruñés explica que "tanto la representación de los trabajadores como el ministerio opinan que como mucho se nos tiene que informar de la finalización del proceso del acuerdo del ERE al vender las plantas, pero Alcoa insiste en que quiere una ratificación".

Previamente a la reunión grande, de la que formaron parte todos los integrantes del proceso, hubo una reducida. En esta, según pudo saber este periódico, la ministra de Industria, Reyes Maroto, dio la razón a los trabajadores al admitir que resulta prescindible que ratifiquen un acuerdo de venta en el que no participan. Pero también les reclamó "flexibilidad, un darse por enterado de la operación, alguna fórmula en la que den cuenta de la compraventa". La titular de Industria materializó esta a misma idea con las siguientes palabras: "Hoy venimos a hablar no de problemas, sino de soluciones, pensando siempre en esas familias, en esos trabajadores, que en estos meses han tenido y siguen teniendo incertidumbre sobre su futuro".

Todo esto para que, finalmente, no corra peligro una operación que lleva abierta desde mediados de octubre del año pasadol.

Lo previsto es que mañana miércoles se presente un documento-contrato que ponga fin a un proceso agónico del que dependen más de 700 familias.