La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el principal órgano de fiscalización de entidades públicas de México. El pasado febrero publicó un extenso trabajo -en tres entregas- en el que analizó profusamente las cuentas de la Corte Suprema, la Presidencia de la República o los resultados del Plan Nacional de Becas. En Petróleos Mexicanos (Pemex) encontró un filón, con casos que han propiciado una persecución judicial y mediática de su ex director general, Emilio Lozoya, y dos de sus hombres de confianza, Carlos Roa Rodríguez y José Manuel Carrera Panizzo. Los tres participaron de forma activa en el desembarco de la petrolera en el naval gallego, con la adjudicación de dos floteles ( accommodation vessel) y la compra del 51% de Hijos de J. Barreras. Esta doble operación, sobre la que el presidente azteca Andrés Manuel López Obrador anunció este martes nuevas indagaciones, también fue analizada por la ASF. En sus conclusiones encomendó a Pemex que determine si hubo "irregularidades" en su aterrizaje en el capital del astillero vigués.
Por una razón principal, y es que considera que la construcción naval no es una "actividad sustantiva" para la petrolera, cuyo Plan de Negocios 2017-2021 establecía que debía limitarse únicamente a negocios vinculados directamente al crudo. Y puso deberes al órgano encargado de investigar denuncias de irregularidades en Pemex - la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos- para que "realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron invertir en el astillero Hijos de J. Barreras", dice textualmente el informe, redactado por Jesús Caloca y Rubén Medina. Una inversión -continúa- que "no correspondió a una actividad sustantiva". "No quedó justificada la inversión realizada, la cual reportó pérdidas", zanja. En todo caso, la ASF hace más hincapié en las razones de Pemex para mantenerse en el accionariado del astillero vigués habida cuenta de que la petrolera ya no necesita más embarcaciones.
La compañía, que se rige conforme a derecho privado y no tiene obligación de desvelar todas sus operaciones, "no expuso los motivos por los cuales, mediante su inversión en PMI Holdings, sigue manteniendo vigente la inversión en el astillero Hijos de J. Barreras". El informe es de febrero; se conoció después la determinación de la compañía de salir del capital. Pero el documento refiere una explicación extra de la petrolera: "La Subdirección de Análisis y Regulación de Negocios y Empresas Filiales [...]está en espera del momento más conveniente para evaluar la posible venta, o conservar la inversión" en la atarazana aunque, censura el ente fiscalizador, "las circunstancias actuales del mercado propiciaron que Pemex ya no requiriera la construcción de nuevas embarcaciones".
También condena la ASF la falta de información de Pemex respecto al Cerro de la Pez, el flotel construido en Navantia que nunca llegó a estar operativo. Pero por el que sí hubo una oferta de compra, superior por cierto al coste de adquisición por parte del gigante azteca. Pemex aseguró que el postor, Mexiship Ocean, había incumplido el acuerdo de traspaso. "No se acreditó el incumplimiento de Mexiship Ocean, el cual evitó que se realizara la desinversión de esa UHF (unidad habitacional flotante, flotel)".
A preguntas de FARO, y tras el anuncio de López Obrador, desde la Xunta eludieron pronunciarse sobre supuestas irregularidades en las operaciones que se llevaron a cabo entre Pemex y el naval gallego. "El respeto al trabajo judicial debe ser la máxima prioridad", indicaron desde el departamento de Industria. Sí pusieron en valor el "determinante papel jugado por Pemex en la recuperación de Barreras" y del "sector naval gallego gracias a los floteles" y "a su entrada en el capital [del astillero] en un momento complicado para esta industria". Para la Xunta "son circunstancias que ayudan a explicar que Barreras" sea hoy un "referente" en la construcción de barcos de alta gama "y que la industria naval gallega viva uno de sus mejores momentos". El secretario general de Asime, Enrique Mallón, defendió la "legalidad" de la compra del 51% del astillero, y mostró su "tranquilidad" y "confianza" en las investigaciones anunciadas por López Obrador.
