Un comunicado de casi tres páginas es la meditada respuesta -enviada a los medios por la tarde- de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a la decisión de la patronal pontevedresa de desvincularse de nuevo de la primera hasta que cesen las prácticas de "opacidad financiera". Una extensa nota en la que acusa la confederación que preside Jorge Cebreiros del "grave daño a su imagen y prestigio" y de la que, dice, no ha recibido "comunicación oficial alguna en la que se le dé traslado de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales abandonan temporalmente los órganos de gobierno de la entidad".

El comité directivo tomó la determinación este lunes por unanimidad tras haber reiterado la ausencia de cuentas de 2018, el informe de auditoría o el presupuesto de 2019. "El borrador de cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 ha sido trasladado a los vocales del órgano de gobierno de la CEG", replicó el comunicado de prensa. En el mismo asegura que el tesorero (Roberto Almuiña) sí ha firmado "todos los gastos de la organización" tras la celebración del último comité ejecutivo, el 4 de junio, al que no asistió ningún representante de Pontevedra. Lo cierto es que, un día antes, el propio Almuiña remitió una misiva en la que justificaba su decisión de firmar únicamente las nóminas y las cotizaciones sociales, como publicó FARO. "He tomado la decisión de limitar mi actuación como tesorero a firmar únicamente las órdenes de trasferencias correspondientes a las nóminas y seguros sociales de los trabajadores de la CEG, hasta que se reúna la Comisión Económica", indicaba textualmente. El secretario general en funciones de la confederación también había advertido de esta circunstancia al actual portavoz de la patronal, Antonio Fontenla, en la que indicó por escrito las facturas que no se habían abonado.