El 6 de marzo de 2017 la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) aprobaba, en una determinación inédita, su separación temporal de la patronal gallega. Respondía así la organización a la gestión del delfín de Antonio Fontenla, el también coruñés Antón Arias, que abogaba -para pasmo del colectivo empresarial- por derogar la reforma laboral o permitir un referéndum en Cataluña. Y que había asumido la presidencia de la CEG, por cierto, con una maniobra que tanto Pontevedra como Ourense y sectoriales tacharon abiertamente de "traición". La CEP repitió ayer decisión -como avanzó FARO en su edición digital-, aunque esta vez ha motivado el divorcio en asuntos de índole económica. "La semana pasada el tesorero [de la CEG] advirtió que no estaba de acuerdo con algunos gastos y aquí no pasa nada", condenó el máximo mandatario de la confederación de Pontevedra, Jorge Cebreiros. "No tenemos las cuentas de 2018, ni informe de auditoría, ni presupuestos. ¿Qué imagen damos así como la mayor organización empresarial de Galicia?".

De ahora en adelante, y hasta que no cese la "opacidad" en la gestión económica de la confederación, ningún miembro de la CEP participará en órganos colegiados que aborden asuntos financieros. "De alguna manera lo que estamos trasladando es que, quien quiera llevar una confederación de empresarios de Galicia con esa opacidad y esa falta de transparencia, que sea bajo su responsabilidad, no bajo la nuestra". La semana pasada Fontenla, que ejerce de portavoz de la CEG, convocó al comité ejecutivo para abordar la "situación del tesorero" después de que éste (Roberto Almuiña) trasladase por escrito que no firmaría más gastos que las nóminas y las cotizaciones sociales. Porque -decía- "no está aprobado el presupuesto de ingresos y gastos, ni de tesorería, ni hemos recibido ninguna información relativa al control de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos". Algunas de las facturas, por cierto, consideradas como "excesivas" a juicio de vocales de la CEG. Entre ellas, servicios de transporte para el propio Fontenla.

Para adoptar esta decisión la confederación provincial, reunida ayer en Pontevedra, solicitó un informe jurídico a fin de determinar las eventuales responsabilidades que tendrían los miembros que acuden a alguno de los órganos colegiados de la CEG. "Como patronal de Pontevedra no hay ninguna responsabilidad civil subsidiaria, tenemos un CIF distinto. Cosa distinta son los representantes" que acuden a la junta directiva o el comité ejecutivo en nombre de la CEP. Los vocales del comité ejecutivo validaron la propuesta de Cebreiros, previamente validada por la junta de vicepresidentes, por unanimidad.