Va a ser este 2019 otro ejercicio de tijera a fondo en la red bancaria de Galicia. El plazo para adherirse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Caixabank se cierra mañana. La entidad pactó con la mayoría sindical un máximo de 2.023 salidas, frente a las 2.157 previstas inicialmente, cuando su intención era prescindir de 65 empleos y cerrar 34 oficinas en la comunidad. En el caso del Santander, dirección y trabajadores siguen todavía negociando el ajuste para completar la absorción del Popular-Pastor. También el banco ha reducido la primera cifra que dio de ceses desde 3.713 a 3.464, con un impacto durísimo en Galicia por la fuerte presencia de las tres antiguas marcas financieras: 271 despidos y 135 sucursales clausuradas, aunque una parte de ellas (42) saldría de la gestión directa del Santander para quedar en manos de agentes. Precisamente por la difícil travesía que padecieron el Popular y el Pastor y por la fallida fusión de las dos viejas cajas de ahorros, Galicia fue, y sigue siendo, uno de los territorios más azotados por la reconversión de la banca. Desde los máximos de 2008, en la región echaron el cierre más de un millar de oficinas, cuatro de cada diez, y en 114 concellos ya solo tienen como mucho una para atenderles.
Después de la oleada de fusiones para digerir el lastre del ladrillo, el sector se encamina a otra ronda de recortes por duplicidades de red pendientes, la merma del negocio por los bajos tipos de interés y la preparación para la competencia que viene de mano de los gigantes tecnológicos. La subgobernadora del Banco de España reflexionaba hace unos días sobre la "significativa" reestructuración del sistema financiero -hoy hay un 40% menos de oficinas y un 30% de empleados que en la etapa de bonanza- y aseguró que todavía existe "potencial de reducción de costes por esta vía". Margarita Delgado reconoció que la otra cara del proceso es "el riesgo de exclusión financiera en zonas dispersas de población", para lo que propone exprimir el uso de la banca móvil.
Todo un reto teniendo en cuenta que esas zonas más amenazadas en el acceso a los servicios bancarios representan la Galicia vaciada y más envejecida. De los 41 concellos sin oficina y que suman unos 51.600 habitantes, 25 están en la provincia de Ourense, según los datos proporcionados por el supervisor al Instituto Galego de Estatística (IGE). Otros nueve son de A Coruña, cuatro en Lugo y uno más en Pontevedra. Alguno de ellos, eso sí, ya carecía de sucursal en 2008, pero otros, como Lobeira o Trasmiras, tenían tres.
Algo parecido sufren las 73 localidades gallegas que se han quedado con solo una oficina. En ellas residen algo más de 183.000 personas. Se repite de nuevo el esquema de áreas rurales caracterizadas por edades muy avanzadas. A la espera de los cierres que vengan con Caixabank y, sobre todo, con el Santander -el Pastor era la segunda entidad financiera de Galicia, con una red muy capilarizada-, es verdad que estos últimos años el ajuste iba a menor velocidad que en los años de crisis. Pero no cesó. De hecho, concellos como Castro Caldelas, Paradela o Mañón vieron bajar la persiana el pasado ejercicio a una de las dos oficinas que todavía conservaban. Galicia perdió en 2018 otras 59 sucursales y acumula un recorte cercano al 41% en una década.
Hay tres comarcas que superan un descenso del 60% de la red bancaria desde el récord de 2008. Son Baixa Limia (66,7% menos), Terra de Trives (63,6%) y Tabeirós-Terra de Montes (62,5%). A continuación están Verín y Valdeorras, ambas con un ajuste superior al 53%. En las comarcas donde se integran dos de las ciudades más importantes de Galicia, las de Pontevedra y Ourense, la caída de sucursales ronda el 46%. Casi el mismo porcentaje que en A Limia. Luego están A Coruña y Vigo, las dos con un 45,2% menos de oficinas.
Únicamente A Fonsagrada se libra de la reestructuración. Siete oficinas funcionaban en 2008 en la comarca luguesa y todas siguen operativas. En la de Fisterra el descenso de sucursales fue del 11% y del 14,3% en A Barcala.
