Por la transcendencia de la energía para casi todo en la sociedad y la larga tramitación que suelen padecer este tipo de instalaciones, el futuro de la red de transporte de electricidad se diseña siempre a varios años vista. Ahora mismo sobre la mesa está la planificación de 2021 a 2026. La fase inicial se cerró hace unos días con la aportación de las comunidades, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las empresas del sector sobre las infraestructuras a construir y los refuerzos que consideran necesarios para abrir el sistema a un posible incremento de potencia y asegurar a la vez un suministro de calidad a hogares e industrias, sin perder de vista la sostenibilidad ambiental. Y también la financiera. La nueva hoja de ruta es especialmente relevante en esta ocasión para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 con el que el Gobierno quiere guiar la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. El Ejecutivo central y el Congreso son, precisamente, los que tendrán la última palabra sobre los proyectos que irán adelante, una vez que reciban la propuesta de Red Eléctrica de España (REE), elaborada a partir de las peticiones recibidas hasta el momento y las posibles alegaciones a la propuesta de arranque que elaborará el operador en los próximos seis meses. La Xunta pide concluir los trabajos de electrificación para la llegada del AVE a Galicia, insiste en una nueva subestación en Vigo que abarate la factura a la fábrica de PSA y amplía a 9.000 megavatios (MW) la potencia eólica a la que habría que dar salida, casi el triple de lo que suman los parques que están en funcionamiento.
Son "actuaciones prioritarias" y así quiere que consten en la planificación la Xunta, que ayer revisó sus propuestas en el Consello semanal. La subestación Nuevo Vigo no es realmente un proyecto inédito. Con un coste de casi 70 millones de euros, la instalación permitiría a la planta de PSA en Balaídos pasar de una tensión de 132 kilovoltios (kV) a 220 y ahorrar alrededor de un millón de euros al año en el coste de la electricidad. La Xunta defiende que el anterior Ejecutivo central sí incluyó la subestación en la planificación que está actualmente en vigor (2015-2020) y que el proyecto "quedó paralizado" por "el cambio de Gobierno" cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia tras la moción de censura.
La fábrica viguesa es la única del sector en España que no está enganchada a muy alta tensión. No cumple los requisitos. Como mínimo hay que alcanzar un consumo de 50 megavatios (MW) y PSA solo llega a 27. Por eso es necesario justificar una "excepcionalidad" que lleve al Ministerio para la Transición Ecológica a autorizarla.
Aunque desde San Caetano sugieren que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez es responsable, lo cierto es que Nuevo Vigo ya aparecía en la planificación 2008-2016 y la propia Xunta se quejó a la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) en 2010 del retraso. Además, la primera solicitud de esa excepcionalidad por parte de PSA al Gobierno central se remonta a 2013, cuando en Moncloa estaban los populares. El presidente de la Xunta recordó ayer que personalmente trasladó a la ministra Teresa Ribera "la importancia" de conectar la factoría de PSA a la red de 220 kW. "Seguimos insistiendo que se puede y se debe comenzar esa actuación de forma inmediata", reiteró.
El otro gran refuerzo por el que apuesta la Xunta tiene que ver con la evacuación de la electricidad ante el bum renovable tras las subastas de potencia. A los 3.400 MW en eólica moviéndose en Galicia se sumarán 18 parques más en construcción y otros proyectos más que están "en la última fase de tramitación administrativa". La previsión de la Xunta es acabar 2020 con 4.000 en funcionamiento y que el número de instalaciones siga aumentando "durante la próxima década" gracias a nuevas pujas de potencia del Gobierno y la reducción a la mitad de los plazos para las autorizaciones de la administración autonómica.
Aunque siempre se habló de 6.500 MW, la Xunta asegura que su meta de "6.700" en 2020 sube en 2.300 MW hasta 2026 y reclama aumentar las líneas de evacuación para dar salida a toda esa potencia. "De esta manera, Galicia podría alcanzar los 9.000 MW y atender toda la demanda que propone actualmente el sector eólico gallego", argumenta.
