Entre el concello ourensano de Verín y el portugués de Chaves median dos números: 25 y 105.675. El primero son los kilómetros que separan ambos municipios por carretera; el segundo, los euros que se ahorraría una empresa de optar por la opción lusa para asentarse en un terreno de idéntica superficie, con 3.300 metros cuadrados. En Verín el metro se paga en este caso a 33 euros, y es muy barato en comparación con los 130 que promedian en Mos; en la Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega, asentada junto a la autopista A24, el terreno se paga a euro. No hay una cámara o fegresía lusa que se haya quedado al margen de una ofensiva que se traduce, solo en el norte del país -como publicó ayer FARO-, en una megaoferta de al menos tres millones de metros cuadradosmegaoferta, exenciones fiscales y salarios de 900 euros. Empresarios y sindicatos gallegos exigen un plan de choque de ámbito estatal para abortar nuevas amenazas de deslocalización por parte de la industria al otro lado de la raia.
Solo en el mes de mayo, este país captó una inversión de 21 millones de firmas viguesas (de automoción y logística). "No hay una salida fácil, pero necesitamos un plan de choque, un acuerdo de Estado que implique a todas las administraciones para proteger y reforzar la actividad industrial", expone el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. En esa hoja de ruta deben figurar, a juicio de las fuentes consultadas, un abaratamiento del precio del suelo, costes energéticos competitivos y menos burocracia. "Aquí la ventanilla única parece un término viejo, pero nunca fue una realidad. Portugal le dedicó un ministerio exclusivo porque entendió que la burocracia es un problema", resume el secretario xeral de CC OO Galicia, Ramón Sarmiento. "Podemos citar casos de inversiones gallegas de gran relieve que han tenido que esperar más de un mes y medio para que le diesen suministro eléctrico. Sencillamente impresentable", revela el secretario general y portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón.
En el caso del terreno, Cebreiros coincide con el líder sindical en que los lusos están llevando a cabo una práctica prohibida en España: venta de suelo por debajo de coste. "Habría que cambiar la ley para permitirlo. O se comercializa el metro cuadrado más barato o no seremos competitivos". Paredes de Coura es un ejemplo sintomático. Para la primera fase del parque empresarial de Rodo, ahora en ampliación con 74.000 metros cuadrados adicionales, se fijó un precio por metro de dos euros (para empresas que crearan entre uno y 19 empleos) a 13 céntimos (con más de 70 puestos de trabajo "efectivos"). Es exactamente mil veces más barato que en el parque de A Veigadaña, como consta en la web de la Xestur. Coinciden Cebreiros y Sarmiento en que estas prácticas por parte de las cámaras portuguesas -con mucha autonomía para ejecutar políticas industriales o fiscales- "están al límite de la legalidad". "Lo iban a investigar, pero quedó ahí, porque los incentivos por sí solos no explican esa diferencia". Portugal sí vende terreno por debajo de precio de coste. En Chaves, la decisión de ofrecer el metro a un euro se tomó hace dos años para "crear riqueza" y "aprovechar una localización privilegiada dada su gran proximidad con España". Y con el amparo de fondos comunitarios -así consta en la web de la cámara municipal- de la iniciativa Portugal 2020. "No justifico que nuestros empresarios se vayan, pero los entiendo perfectamente", añade el presidente de la patronal de Pontevedra.
Investigación
InvestigaciónDe hecho fue el sindicato que comanda Sarmiento el que, con un informe mediante, expuso a la Xunta la necesidad de llevar el caso a Bruselas. "Asumir nosotros un proceso judicial así era iniciar una batalla muy desequilibrada". Era 2016, pero sus argumentos no han cambiado. "Provocan una clara distorsión en la competencia, alterando los precios para localizar inversiones", denuncia. Y, de paso, crea en Galicia una "tensión para negociar a la baja" los costes laborales. Con todo, considera que "hay cosas a imitar" de los portugueses. Pone como ejemplo la "gestión flexible" de sus servicios públicos de empleo. "Aquí estamos... En fin", dice por el catálogo de la administración gallega y del conjunto de España. Para Sarmiento existe un factor adicional en el caso luso, y es la nula presión social hacia la derogación de su reforma laboral, "mucho más dura". Aún teniendo en cuenta la tibia subida del salario mínimo, a 700 euros, o que sus asalariados soporten una presión fiscal directa superior al 35%. "Nosotros estuvimos al borde del abismo, pero ellos bajaron unos metros".
Desde Asime marcan como línea roja la no competencia en costes laborales. "Queremos una sociedad. Eso sí, "o cuidamos, protegemos y mimamos a las inversiones empresariales o el futuro no será bueno", zanja Mallón. Coinciden los tres en que Portugal ofrece, en algunas cuestiones, un camino a seguir. "Queremos contar siempre con Portugal como colaborador y cooperador necesario para ampliar mercados pero obviamente no queremos estar en un segundo plano; necesitamos emprender acciones que potencien nuestro atractivo como área industrial y entendemos que las administraciones públicas tienen los recursos económicos e institucionales suficientes para lograrlo". Y, zanja Cebreiros: "Nos puede servir de ejemplo, las cosas sí se pueden hacer de otro modo".
