Las 375 familias de A Coruña que viven de forma directa del trabajo en la fábrica de aluminio de A Grela -propiedad de la Aluminium Company of America (Alcoa) desde 1998 y anteriormente de la empresa pública Inespal- llevan años bajo la espada de Damocles del cierre. La amenaza de clausura de la multinacional estadounidense cristalizó finalmente en el expediente de regulación de empleo (ERE) firmado en enero, que prevé una única salida para sortear el despido colectivo en A Coruña y también en Avilés: la venta. El plazo concluye el día 30, dentro de cuatro semanas.
| ¿En qué punto está el proceso de venta? Alcoa está en negociaciones con seis compradores potenciales -al principio fueron 12 los que pasaron el filtro del Ministerio de Industria, colaborador del proceso-. Las empresas han presentado sus ofertas iniciales (que pueden ser retiradas) y las que estén decididas a comprar deben dar un paso en firme la semana que entra con las ofertas vinculantes. El ERE marca el 30 de junio como fecha límite para la venta.
| ¿Quién puede comprar la fábrica de Alcoa en A Coruña? Solo tres de los seis inversores actualmente interesados incluyen la fábrica de Alcoa de A Coruña en su proyecto: la británica Liberty House -propietaria de varias fábricas del líder siderúrgico ArcelorMittal-, la sociedad de capital riesgo Parter y la española Riesgo (Grupo IR). Liberty es, a priori, la que ofrece más solvencia industrial a ojos de los trabajadores. Estas tres empresas aspiran a hacerse con la propiedad de las dos factorías. Sin embargo, otras tantas han trasladado a la multinacional ofertas que solo incluyen la fábrica de Avilés: Aludium, Quantum y Cunext.
| ¿Qué sucederá si Alcoa cierra el acuerdo con uno de los inversores que solo quieren comprar la planta de Avilés? El ERE prevé la posibilidad de futuros distintos para las cada planta en venta. Si se venden en lote, se salvan las dos. Si se vende una de ellas y la otra no, se aplicará el despido colectivo en la factoría que quede excluida, en este caso A Coruña.
| ¿Qué responsabilidad tienen el Gobierno y la Xunta? La fuerte movilización sindical y la obligación de los poderes públicos de preservar el tejido industrial han llevado a la implicación de Gobierno, Xunta de Galicia y Principado de Asturias en el proceso en venta. Los tres organismos participan en las mesas de seguimiento de Alcoa que convoca el Ministerio de Industria, con empresa y trabajadores. El Gobierno se comprometió a blindar el proceso de venta con la regulación de un marco eléctrico para la gran industria. Las autonomías tienen competencias en industria y pueden dar facilidades -de financiación, entre otras- al comprador.
| ¿Podrá el estatuto electrointensivo blindar la venta de Alcoa? El actual retraso de la regulación del precio eléctrico para las industrias que más energía necesitan para producir (electrointensivas) complica que este marco legal llegue a tiempo para ser determinante en la decisión de compra de Alcoa. El Gobierno fracasó en su pretensión de aprobar el estatuto de la industria electrointensiva en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales. Ahora el Ejecutivo explica que no puede aprobarlo estando en funciones y promete que se tramitará en la nueva legislatura. La Xunta critica que no sabe todavía si se recogen sus alegaciones. El anuncio de esta regulación llamada a estabilizar y abaratar el recibo de la luz de la gran industria causó entusiasmo entre patronal y sindicatos, los mismos que manifestaron luego su decepción en cuanto se publicó el borrador, al que alegaron en favor de medidas más contundentes para la buscar la competitividad de las fábricas españolas frente a sus competidores europeos que gozan de un precio eléctrico medio más ventajoso.
| ¿Qué supone para las plantas de A Coruña y Avilés su exclusión de la próxima puja de primas eléctricas? Las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés no tendrán bonus para moderar la factura eléctrica del segundo semestre del año. Esto hace difícil que el potencial comprador reinicie la actividad -las electrolisis están paradas desde febrero- este año. El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, arremetió esta semana contra el Gobierno: "Nos engañaron a nosotros y a la opinión pública", censuró. En marzo, Red Eléctrica informó de que las dos plantas quedarían fuera de la puja de primas del servicio de interrumpibilidad por haber cesado su producción. En ese contexto preelectoral, el Gobierno lo desmintió. El pasado lunes, después de los comicios del 26-M, el Gobierno publicó en el BOE la convocatoria de la puja y confirmó la exclusión de las fábricas coruñesa y asturiana. El Ejecutivo le restó importancia a este hecho alegando su decisión de elevar de 91 a 200 millones -en función de la disponibilidad presupuestaria- las ayudas para los costes de emisiones de CO2 de la industria electrointensiva.
| ¿Por qué es tan importante para Alcoa la regulación eléctrica? Alcoa es la empresa más electrointensiva de España: dedica el 40% de sus costes de producción a pagar la factura eléctrica. Es así porque para producir el aluminio primario a partir de la alúmina las cubas electrolíticas deben calentarse a 950 grados. Su dependencia de la energía supone que la tarifa eléctrica tenga una enorme incidencia en su viabilidad empresarial.
| ¿En qué situación está Alcoa San Cibrao? La de San Cibrao (Cervo, Lugo) es la única planta de Alcoa en España que no está afectada por el ERE. Son en realidad dos plantas: una de alúmina -más rentable, que provee de esta materia prima a toda Alcoa en Europa- y otra de aluminio primario, más grande que las de A Coruña y Avilés y la única que mantiene este actividad en España. Da trabajo directo a 1.200 personas y el comité de empresa advirtió de que su cierre sería "una hecatombe" en A Mariña. Alcoa ha deslizado la idea de su clausura: "Si no se toman medidas urgentes, la producción de aluminio será inviable en España", advirtió el lunes.
| ¿Qué puede pasar el 1 de julio? Si hay comprador para la fábrica de A Coruña, este subrogará al 100% de la plantilla. Si su proyecto es mantener la producción de aluminio, Alcoa le abonará 20 millones para reactivar la instalación. Si no hay venta ni solución alguna de reindustrialización, el 1 de julio comenzará a aplicarse el despido colectivo. En tal caso se mantendrían solo -por un tiempo sin determinar- los 114 empleos de la fundición y la torre de pasta (un tercio del total). Los demás trabajadores perderían su puesto, entre prejubilaciones, recolocaciones en San Cibrao y despidos. Como última tabla de salvación, quedaría la intervención pública reclamada por los trabajadores.
