El Banco de España no ve adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas porque la evidencia internacional muestra que esta medida conduce a una reducción de la oferta y puede favorecer un deterioro importante de los inmuebles.
En su Informe Anual de 2018, la entidad constata que desde 2014 el aumento de los alquileres ha sido elevado, aunque ha crecido de forma heterogénea y especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, un fenómeno que influye en el retraso en la edad de emancipación de los más jóvenes.
Ante este realidad, el Banco de España aboga por dar prioridad a las políticas públicas que favorezcan una oferta estable de inmuebles en alquiler y por mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios encuentren los incentivos adecuados para poner en el mercado sus inmuebles.
Fuentes de la Dirección General de Economía y Estadística han explicado que el problema de fondo está en que la oferta de alquiler es todavía escasa, por lo que hay que mejorar las condiciones para que crezca. "La demanda ha crecido más que la oferta, esto es todo", han explicado las mismas fuentes, que también apuntan a que probablemente existía una demanda embalsada durante muchos años.
Asimismo, han señalado que el aumento de la demanda se ha visto favorecido por la supresión de sesgos impositivos (beneficios fiscales) en favor de la propiedad.
Ahorro de las familias
El Banco de España ha alertado nuevamente sobre el "excesivo optimismo" en el gasto de los hogares "más precarios", por lo que apela a la cautela tanto de los usuarios como de los bancos. La isntitución no advierte un problema "generalizado" aunque sí hay hogares demasiado "optimistas" sobre sus ingresos futuros. Pese a ello, por el momento no contempla activar herramientas macroprudenciales para limitar el volumen del crédito en determinados segmentos.
Además, el Banco de España ha considerado que hay margen para que la innovación financiera permita convertir riqueza ilíquida (como los pisos) en rentas corrientes en las edades avanzadas, para hacer posible una combinación equilibrada de ahorro que se puede convertir fácilmente en efectivo y del que es más difícil.
Subida de salarios sin productividad
El Banco de España reconoce que le inquieta que la recuperación de los salarios sea uniforme y apenas haya diferenciación por sectores y empresas, lo que implica que las subidas no están recogiendo la evolución de la productividad y siguen obedeciendo a una negociación colectiva centralizada. La visión del Banco de España pasa por que los salarios crezcan en la misma medida que la productividad, para no volver a una situación de desequilibrio en la que la subida de costes resta competitividad a las empresas.
Preguntadas las mismas fuentes sobre si se equivocaron al augurar la destrucción de 125.000 empleos en 2019 por la subida del 22 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han afirmado que el cálculo sigue vigente a pesar de que los datos de afiliación a la Seguridad Social o de la Encuesta de Población Activa no lo reflejen.
"La economía española va mejor de lo que anticipábamos hace unos meses, con lo cual el empleo también está yendo mejor. Eso no quiere decir que el SMI no esté teniendo impacto en las decisiones de los empresarios. Creemos que es prematuro afirmarlo", han dicho las fuentes, que han avanzado que revisarán sus cálculos a cierre de año conforme a la misma metodología con la que fueron elaborados.
El informe anual explica que entre 2012 y 2013 el ajuste salarial fue mayor del esperado porque la reforma laboral facilitó a las empresas modificar unilateralmente las condiciones laborales, lo que ha favorecido una moderación permanente de los salarios.
No obstante, la entidad constata que se está volviendo a subidas salariales homogéneas consecuencia de la estructura centralizada de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, a pesar de que siguen siendo muy elevados el desempleo, la temporalidad y la parcialidad involuntaria, principales disfuncionalidades del mercado laboral.
Ante esta situación, el Banco de España mantiene la necesidad de incrementar el atractivo de la contratación indefinida y de asegurar a las empresas la flexibilidad necesaria para ajustar los costes laborales en escenarios negativos, evitando una excesiva destrucción de empleo en periodos de recesión.
También considera deseable que se mantenga la posibilidad de celebrar contratos de formación con la mayor flexibilidad para jóvenes y empresas, y que las bonificaciones a la contratación se dirijan a los colectivos de mayor edad y menos .
A pesar de que las subidas salariales han mejorado las rentas de los hogares, el Banco de España alerta de que la desigualdad aún se mantiene en niveles elevados por la persistencia del desempleo y por el notable aumento en los últimos años de las rentas de la población con mayores ingresos que no provienen de los salarios, sino de actividades empresariales o activos financieros.
Otro fenómeno reciente que destaca el informe es que el repunte de los salarios no ha sido suficiente para subir la inflación y explica que el aumento de los costes laborales lo están absorbiendo las empresas en sus márgenes, en lugar de trasladarlo a los precios.
La Dirección General de Economía y Estadística de la entidad se ha mostrado sorprendida por este fenómeno que considera limitado, porque aunque las empresas tengan "colchones" que les permitan acomodar la subida de los costes, ese margen tenderá a disminuir.
Reforma de las pensiones
El Banco de España ha avisado que el envejecimiento del votante mediano, parejo al incremento de la edad media de la población española, hará "políticamente más difícil" que se acometa una reforma que garantice financieramente el sistema de pensiones sin cargar su coste únicamente a las generaciones futuras.
En su Informe Anual de 2018, aprobado en el Consejo de Gobierno de la entidad celebrado en Oviedo, la entidad vuelve a poner de manifiesto la urgencia de acometer una reforma del sistema de pensiones que actúe sobre ingresos y gastos, retomando propuestas que ya había puesto encima de la mesa como el retraso de la edad de jubilación y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento del PIB (factor de sostenibilidad).
Fuentes de la Dirección General de Economía y Estadística de la entidad han señalado que hay factores que pueden dificultar que se tomen determinadas decisiones políticas, como el hecho de que se hace mayor el votante mediano (valor medio en un conjunto de datos ordenado), lo que incrementará el apoyo social a medidas que favorezcan un aumento de renta de la población de mayor edad. A juicio del Banco de España, esto podría hipotecar el bienestar de las generaciones presentes y futuras sobre las que recaería el peso de la carga de deuda, que ya se encuentra en niveles elevados.
Asimismo, la Dirección General de Economía y Estadística ha cuestionado que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones tengan que descansar en un "consenso absoluto", cuando uno "razonablemente amplio" podría ser suficiente para no retrasar decisiones que se deberían tomar cuanto antes.
En el informe anual, la entidad dice que el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años, aprobado en 2011 y que se está llevando a cabo de manera progresiva hasta 2027, no ha propiciado de momento un aumento de la edad efectiva de jubilación, que sigue por debajo de los 65 años. Por ello, cree que se debe "reconsiderar" la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.
En este sentido, recuerda que hasta ahora existían mecanismos de ajuste automático introducidos en la reforma de pensiones de 2013, pero que han quedado en suspenso tras volverse a revalorizar las pensiones con el IPC y después de retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Asimismo, la entidad reclama una mayor transparencia y predictibilidad del sistema, para que los trabajadores sepan qué derechos de pensión van acumulando, y aboga por un aumento del ahorro privado que sirva para complementar la prestación pública.
El Banco de España también avisa de que el envejecimiento de la población no solo va a presionar el gasto en pensiones, sanidad o dependencia, sino que también afectará al consumo, la inversión, el empleo, la productividad, la innovación o la formación de salarios y precios.
Incluso impactará en la política monetaria, dado que el menor crecimiento de la población en edad de trabajar hace probable que los tipos de interés se mantengan bajos para estimular la economía.
